La Dirección General de Ingresos (DGI) ha vuelto a aplazar la fecha en la que los proveedores del Estado tendrán la obligación de presentar sus facturas electrónicas como único documento válido para gestionar la venta de bienes y servicios.
La nueva fecha límite será el 31 de julio de este 2023, de acuerdo con la Resolución 201-5160, emitida por la DGI y firmada por Publio De Gracia, encargado de esta dependencia estatal.
Originalmente se había dispuesto que las entidades públicas recibirían facturas electrónicas a partir del 30 de julio de 2022. Luego, se dio un plazo de tres meses adicionales. Y posteriormente esa fecha se modificó, dando como límite el 30 de marzo de 2023 para que los proveedores del Gobierno adoptaran la modalidad del Facturador Gratuito o un Proveedor Autorizado Calificado (PAC).
Pero llegada esa fecha, sin que se tuviesen los resultados esperados, la DGI determinó mover nuevamente los tiempos de cumplimiento para aquellas empresas que sean proveedoras de bienes y servicios que contraten con el Estado, siempre que éstas justifiquen su excepcionalidad de adopción del sistema de facturación electrónica a través de una solicitud ante la entidad estatal contratante.
Hasta mayo de este año 38,656 usuarios de la DGI habían adoptado la factura electrónica, cuando en 2021 habían solo 537 usuarios.
En tanto, para el primer trimestre de 2023 se habían contabilizado 34,627 usuarios del Sistema de Factura Electrónica (SFE), lo que representaba en ese momento 14% del total de los contribuyentes, estimado en 255,052, y se habían emitido 65 millones de documentos electrónicos.
“Pronto vamos a tener más de 40 mil usuarios de la factura electrónica. 81% de lo facturado se hizo con el sistema de facturación gratuito que provee la DGI y 19% a través de lo que se denomina Proveedores Autorizados Calificados conocidos como PAC”, indicó De Gracia en el conversatorio Café con La Prensa.
