En múltiples países de Europa, y también en los Estados Unidos, las instituciones del Estado se coordinan para desarrollar eficientemente la infraestructura eléctrica y lo relacionado a las servidumbres requeridas para estos proyectos.
Estos procesos que están amparados en el bien común se convierten en un adecuado sistema energético para las personas residentes de pueblos, ciudades, provincias y países. Un sistema energético robusto representa un país más competitivo.
Alegar que se despoja a personas de sus tierras, como indica el proyecto de Ley 342, me parece que no es acertado, ya que este proceso involucra una negociación y una remuneración por las tierras.
El proyecto intenta derogar un artículo del texto único de la Ley 6 de 1997, relacionado con el uso y adquisición de servidumbre. Esta norma autoriza a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) a aplicar un procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, cuando la construcción de cualquier obra o trabajo, relacionado con la actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público.
Hoy en día podemos observar lo valioso que es la soberanía energética y el importante rol que la electrificación tiene, precisamente la crisis energética que vivimos es por la dependencia externa y no utilizar nuestros recursos renovables para construir un país más eficiente y energéticamente soberano.
Por otro lado, sí considero que se debería brindar la oportunidad al afectado de proponer una vía alterna al recorrido o trazado de la servidumbre.
También se deben considerar todas las implicaciones ambientales que pudiesen afectar a los residentes del área. Así mismo brindar algún tipo de compensación por la posibles limitantes que pueden causar estas infraestructuras a los terrenos adyacentes, indirectamente afectados por la servidumbre.
En el particular de la ley, no veo factible dejar sin efecto procesos de hace casi 10 años, sobre todo si estos han sido concretados, es decir la infraestructura ya está desarrollada, y por otro lado al afectado ya se le ha remunerado en totalidad su compensación y/o indemnización.
Traer esta situación a la palestra pública podría ser una oportunidad para mejorar las normas que tenemos, mejorar la uniformidad, consistencia y transparencia de los procesos. Pero no podemos limitar el desarrollo energético y el bien general que brindan a nuestro país. Debemos considerar que mayores costos de infraestructura representarán mayores costos eléctricos para todos.
El autor es especialista en energía renovable.
