La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) mantiene en curso un proceso de consulta pública sobre los proyectos de decretos ejecutivos relacionados con la pesca deportiva y la pesca deportiva de peces picudos, el cual ha generado interés entre distintos sectores vinculados a la actividad pesquera y ambiental.
Este proceso, que inició el 2 de diciembre y concluirá el viernes 2 de enero de 2026, ya ha recibido ocho recomendaciones formales, según informó el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, quien explicó en entrevista con La Prensa el alcance, la importancia y los pasos que seguirán tras la etapa de consulta.
¿Por qué es necesaria la reforma de los decretos?
Es importante precisar que este proceso responde a dos necesidades normativas distintas.
En el caso de la pesca deportiva, no se trata de una reforma, ya que Panamá no cuenta actualmente con un decreto ejecutivo que reglamente de manera integral este subsector pesquero nacional, a pesar de que la actividad se realiza desde hace largo tiempo y de que la legislación vigente, Ley N.° 204 de 2021, establece expresamente que debe ser reglamentada.
Por ello, lo que se impulsa es la creación de un nuevo marco normativo, que permita ordenar esta actividad, definir requisitos claros, establecer controles adecuados y diferenciar de forma precisa entre la pesca deportiva recreativa y la pesca deportiva turística, siempre bajo principios de sostenibilidad y manejo responsable del recurso.
En cuanto a la pesca de peces pico, sí existía una regulación previa enfocada principalmente en la prohibición de su comercialización. Sin embargo, la nueva propuesta actualiza y fortalece ese marco, incorporando criterios científicos, un enfoque ecosistémico y medidas específicas de conservación acordes con el valor ecológico, turístico y biológico de estas especies altamente migratorias y vulnerables.
En ambos casos, los decretos responden a la necesidad de ordenar actividades que ya existen, dotarlas de reglas claras, modernas y coherentes, y garantizar que su desarrollo sea compatible con la conservación de los recursos marinos.
¿Puede destacar la importancia de estos decretos?
La importancia de estos decretos radica en que permiten avanzar hacia un modelo moderno de gobernanza pesquera, basado en la sostenibilidad, el enfoque ecosistémico, el principio precautorio y la responsabilidad compartida entre el Estado y los usuarios del recurso.
En el caso de la pesca deportiva, el decreto:
Llena un vacío normativo histórico.
Brinda seguridad jurídica a pescadores, operadores turísticos y autoridades.
Establece mecanismos claros de control, trazabilidad y registro de capturas.
Promueve el turismo responsable como una actividad económica sostenible y ordenada.
En cuanto a los peces pico, la actualización normativa refuerza su protección como especies emblemáticas, priorizando su valor ecológico y turístico sobre cualquier aprovechamiento comercial, e incorporando buenas prácticas de captura y liberación, regulación de torneos y medidas científicamente respaldadas para reducir la mortalidad postcaptura.
En conjunto, estos decretos posicionan a Panamá como un país que apuesta por una pesca responsable, basada en ciencia, conservación y turismo sostenible, alineada con estándares internacionales y con una visión de largo plazo para la protección de sus recursos marinos.
A la fecha, ¿cuántas observaciones o recomendaciones han recibido?
Hasta el momento, la ARAP ha recibido ocho aportes formales en el marco de la consulta pública de ambos decretos.
Estas observaciones provienen de distintos sectores, incluyendo ciudadanos particulares, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y asociaciones vinculadas a la pesca deportiva, las cuales representan a múltiples pescadores y operadores que forman parte de sus respectivas bases.
Es importante señalar que el proceso de consulta pública aún se encuentra abierto y se mantendrá vigente hasta el 2 de enero, por lo que la recepción de comentarios continúa conforme al cronograma establecido.
Luego de recibidas las observaciones, ¿qué sigue?
Una vez finalizado el período de consulta pública, la ARAP realizará un análisis técnico, científico, legal y administrativo de todas las observaciones recibidas, con el fin de evaluar cuáles aportes pueden ser incorporados total o parcialmente, siempre que cuenten con la debida sustentación técnica y científica, sean jurídicamente viables y resulten compatibles con los objetivos de ordenamiento, conservación y sostenibilidad de los recursos marinos.
Con base en ese análisis, se elaborará la versión final de los decretos, la cual será elevada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para su revisión correspondiente, incluyendo el análisis jurídico institucional y la validación ministerial.
Posteriormente, los decretos continuarán su trámite ante el Órgano Ejecutivo, conforme al procedimiento legal vigente, para su eventual adopción mediante decreto ejecutivo en los primeros meses de 2026.
