La Asociación Bancaria de Panamá expresó su preocupación por los posibles efectos del proyecto de ley 388, relacionado con el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas, al advertir que la iniciativa podría tener implicaciones para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.
En un comunicado, el gremio señaló que, más allá de las dudas sobre su constitucionalidad, algunas disposiciones de la propuesta podrían alterar las condiciones actuales del sistema de crédito panameño, que —según indicó— se sostiene en la confianza y en el compromiso de los clientes con el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
De acuerdo con la Asociación Bancaria, la cultura de pago responsable ha permitido mantener la morosidad en niveles estables y que el crédito continúe siendo una herramienta clave para que miles de familias puedan adquirir vivienda, emprender negocios o afrontar necesidades importantes.
El gremio advirtió que el proyecto podría generar incentivos equivocados si algunos deudores optan por dejar de cumplir sus compromisos a la espera de que sus obligaciones prescriban, especialmente si se eliminan referencias negativas en el historial de crédito, como plantea la iniciativa. Esto, según el comunicado, podría enviar una señal injusta frente a quienes realizan esfuerzos para reestructurar y pagar sus deudas.
Otro de los puntos señalados por la Asociación Bancaria es que la propuesta introduce una nueva vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, mientras el proceso judicial tradicional continuaría vigente. A juicio del gremio, esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre en el sistema.
El gremio también advirtió que, cuando aumentan los riesgos en el sistema crediticio, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas, lo que podría traducirse en créditos más costosos o más difíciles de obtener, afectando principalmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento.
El proyecto de ley 388, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 4 de marzo. La propuesta permitiría que los deudores soliciten directamente el reconocimiento administrativo de la prescripción de sus deudas financieras cuando estas ya hayan vencido legalmente, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales prolongados.
En medio del debate sobre la iniciativa, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, anunció el pasado 10 de marzo que solicitó al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley. El funcionario argumentó que la propuesta permitiría a los deudores solicitar la prescripción de sus obligaciones tras tres años sin acciones de cobro.
