El proyecto de ley de incentivos para el sector turístico no contempla créditos fiscales, aclaró la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León.
La funcionaria explicó que los incentivos turísticos en este caso incluyen beneficios para que empresarios nacionales y extranjeros puedan invertir en Panamá y que antes estaban establecidos en la Ley 80 de 2012, que venció el 31 de diciembre de 2025.
“Cuando salimos a competir internacionalmente, no solo lo hacemos con turistas que se quieren ir a otros destinos, también con inversionistas que deciden o irse a un país vecino o prefiere venir a Panamá a construir hoteles, marinas, infraestructura turística”, dijo.
De León explicó que a diferencia de la Ley 80 que se concentró en incentivar la construcción de hoteles, en la nueva ley se busca crear incentivos para exonerar el impuesto sobre la renta, impuesto a bienes inmuebles y para la importación de materiales para nuevos productos turísticos.
“Adicionalmente, esta nueva ley no solo se enfoca en la construcción de hoteles, también está enfocada en productos turísticos como marinas, muelles, piscina de olas por ejemplo, lo que vaya a generar que el turista pueda venir a disfrutar de esos atractivos”, agregó.
Precisó que la propuesta de ley se encuentra actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas y está previsto que se presente en Consejo de Gabinete el 4 de agosto para posteriormente llevarla a la Asamblea Nacional.
Igualmente, sostuvo que el borrador de la ley se dio a conocer a los miembros del Consejo Nacional del Turismo donde están actores del sector privado y del gobierno y se acordó enfocar la ley para promover más inversiones en el interior del país.
Incentivos que tenía la Ley 80
• Exoneración del impuesto de importación
• Exoneración del impuesto de inmuebles
• Exoneración de impuestos aplicables a muelles y aeropuertos
• Exoneración del impuesto sobre la renta
• Exoneración del impuesto sobre el capital
• Exoneración del FECI (Fondo Especial de Compensación de Intereses)
La polémica por créditos fiscales para el turismo
La administradora reiteró que no se renovará ningún proyecto legal que da créditos fiscales a ninguna empresa o proyecto.
La aclaratoria de la ministra surge debido a que en la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), se cuestionó el otorgamiento de créditos fiscales a hoteles e infraestructura que no necesariamente beneficiaba al turismo.
Tras la polémica se derogó la Ley 122 de 2019 y la Ley 314 de 2022, que otorgaba amplios beneficios en créditos fiscales a obras e infraestructuras turísticas lo que generó que se cancelaran varios proyectos hoteleros.
Amparado en estas disposiciones, el Estado asumía en la práctica la totalidad de los costos de un proyecto privado, en caso de que el inversionista lograra utilizar en primera instancia el 100% del crédito otorgado conforme al procedimiento establecido por la ley. Posteriormente, el beneficio se redujo al 60%.
El sacrificio fiscal y la conveniencia o no que ello implicaba para el país, además del poder de fiscalización del Estado para evitar el abuso de la norma y una posible defraudación fiscal en términos generales, generó críticas y dudas sobre la efectividad de la norma.
