El primer informe mensual de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, elaborado por SGS bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), no presenta hallazgos definitivos sobre incumplimientos ambientales o técnicos, sino que confirma que el proceso se encuentra en una etapa inicial de diagnóstico, organización y levantamiento de información.
El documento, que fue publicado el 15 de diciembre en la página del Ministerio de Ambiente, que cubre el periodo del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2025, detalla que el mayor reto identificado hasta ahora es la falta de alineación entre los registros oficiales del Estado y la información reportada por la empresa, particularmente en el componente forestal.
De forma preliminar, la auditoría detectó que faltan 98 registros de planes forestales en los listados de MiAmbiente y que los 126 planes de manejo aprobados no coinciden completamente con los compromisos reportados.
Además, se identificaron 33 fincas sin resolución formal pese a contar con pagos confirmados por aproximadamente 1,800 hectáreas, así como otras 22 fincas cuyos trámites siguen pendientes.
Estas situaciones, según el informe, no constituyen aún incumplimientos, sino inconsistencias administrativas que deberán ser verificadas en las siguientes fases de la auditoría.
El informe también advierte sobre riesgos para el cronograma del proceso, como posibles retrasos en la entrega de información por parte de terceros, dificultades para acceder a documentación histórica y factores externos relacionados con la sensibilidad social, el clima y la seguridad en campo.
La auditoría integral, que tendrá una duración de seis meses, evaluará el cumplimiento de 370 compromisos ambientales del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), además de aspectos legales, laborales, tributarios, técnicos y de riesgos.
Las conclusiones de fondo se esperan en los próximos informes mensuales y en el informe final.
Cabe destacar que la actividad minera está suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.
En la actual administración de José Raúl Mulino, se decidió retomar las conversaciones sobre el tema minero. La empresa suspendió los arbitrajes contra el Estado y a finales de mayo, se aprobó el Plan para la Preservación y Gestión Segura.
Entre junio y julio se aprobó la exportación del concentrado de cobre que había quedado represado en la mina, cuya venta aportó en dividendos 29 millones de dólares, de un total recaudado de 334 millones de dólares.
Posteriormente, a finales de agosto, se adjudicó a la empresa SGS la auditoría que está en curso desde octubre de este año.
Temas del primer informe:
Hallazgos en la gestión de información y logística
• Limitaciones tecnológicas: Se identificó que la plataforma SharePoint, definida inicialmente para el repositorio de datos, presentó problemas críticos para el cargue masivo de información y falta de espacio suficiente por parte de la empresa Minera Panamá S.A.. Debido a esto, el auditor (SGS) propuso el uso de una herramienta alternativa para asegurar la trazabilidad y eficiencia del proceso.
• Estructura de Auditoría: Se estableció un equipo multidisciplinario que incluye biólogos, ingenieros (forestales, civiles, de minas), geólogos, abogados y contadores para abordar los 370 compromisos ambientales y los ejes legales, laborales, tributarios y operacionales.
Hallazgos preliminares en el componente forestal
Este es uno de los puntos donde el informe muestra datos específicos sobre la situación actual:
• Inconsistencia en registros: De forma preliminar, se detectó que en el listado del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) faltan 98 registros de planes forestales que deben ser adicionados para su revisión.
• Desfase en planes de manejo: Se verificaron 126 planes aprobados, pero se encontró que estos no coinciden completamente con los compromisos reportados por la empresa.
• Situación de las fincas: Se hallaron 33 fincas que no tienen una resolución formal, aunque cuentan con pagos confirmados por aproximadamente 1,800 hectáreas; además, hay otras 22 fincas cuyos trámites están pendientes de resolución.
Hallazgos en la coordinación con entidades estatales
A través de reuniones bilaterales, se identificaron necesidades de información específicas que aún están en proceso de entrega:
• MICI: Se verificó la información técnica y los procesos en curso en la Dirección Nacional de Recursos Minerales.
• MEF: Se inició la discusión sobre el monto y la distribución de regalías e impuestos pagados a la Dirección General de Ingresos (DGI) y a los entes territoriales.
• Mitradel: Se solicitó información sobre la vinculación del personal y el cumplimiento de las normativas laborales.
• Minsa: La entidad propuso la creación de un plan detallado de campo para coordinar de forma estratégica las visitas, considerando la seguridad física en la zona.
Riesgos identificados para la ejecución
El informe señala hallazgos sobre posibles obstáculos que podrían afectar el cronograma de 6 meses de ejecución:
• Posibles retrasos en la entrega de información por parte de terceros.
• Dificultades de acceso a documentación histórica.
• Factores externos como la sensibilidad social, condiciones climáticas adversas y la seguridad en el terreno.
CIAM cuestiona el informe
En una publicación en Instagram el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) mantiene una postura crítica y de alerta frente al desarrollo de esta auditoría.
El CIAM manifiesta que el cronograma de trabajo propuesto es sumamente preocupante, ya que plantea la entrega del informe final para el 20 de enero de 2026. Esta fecha representa un recorte drástico frente a lo estipulado en el contrato OAL-DIFOR No 003-2025, el cual fija un plazo de ejecución de seis meses que debería cumplirse originalmente el 8 de abril de 2026.
🚨👉🏽 El cronograma para la auditoría minera fija la entrega del informe final para el 20 de enero, un plazo que no resulta realista para una auditoría de esta magnitud y complejidad, más aún cuando el propio contrato establece seis meses de ejecución. pic.twitter.com/Ocqt6cbkhZ
— CIAM Panamá (@ciampanama) December 18, 2025
Para la organización ambiental, esta aceleración injustificada en los tiempos de entrega pone en duda la profundidad y el rigor del análisis que se está realizando.
Además, el CIAM señala una incongruencia técnica crítica en la planificación de la empresa auditora (SGS).
El propio cronograma de la empresa contempla que las verificaciones técnicas cierren a finales de febrero, es decir, un mes después de que el informe final ya haya sido entregado en enero.
Centro de Incidencia Ambiental (@ciampanama) advierte opacidad en primer informe sobre auditoría minera e incumplimientos al Acuerdo de Escazú, así lo detalla el biólogo Isaías Ramos.#RPCRadio pic.twitter.com/usqjBbyHeG
— Rpc Radio (@rpc_radio) December 18, 2025
Según el CIAM, realizar el cierre técnico después de la entrega de resultados finales hace que la auditoría sea incapaz de evaluar de forma objetiva e integral el proyecto minero, restándole toda validez científica al proceso.
Otro punto de alarma destacado es la falta de blindaje legal de la auditoría, debido a que MiAmbiente no ha formalizado una adenda vinculante para corregir la exclusión de compromisos ambientales.
Aunque el informe preliminar menciona la intención de auditar los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental, legalmente el contrato y sus anexos en Panamá Compra todavía mantienen la exclusión de 170 de estas obligaciones.
El CIAM advierte que, sin esta modificación legal, la empresa minera tendría sustento jurídico para impugnar cualquier hallazgo que surja del proceso auditor.
Finalmente, el CIAM sostiene que Panamá necesita una auditoría que sea verdaderamente integral, con un alcance completo y tiempo suficiente para investigar.
La organización enfatiza que el proceso actual, tal como está planteado en el primer informe, no garantiza la transparencia ni la seguridad ambiental necesaria para el país.
