El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó una operación financiera para Panamá que combina tres instrumentos con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejorar la gestión de la deuda y facilitar la movilización de inversión privada, en un contexto de reformas estructurales orientadas al crecimiento económico y la generación de empleo.
La operación incluye un Préstamo de Políticas de Desarrollo por $500 millones para la gestión fiscal y el crecimiento, así como dos garantías del Grupo Banco Mundial que respaldarán un préstamo comercial de hasta $1,400 millones.
Estas garantías comprenden una Garantía Basada en Políticas del BIRF por $600 millones y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel otorgada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
En conjunto, las garantías cubrirán hasta el 95% del capital y los intereses del préstamo comercial, lo que permitirá a Panamá acceder a financiamiento en condiciones más favorables, generar ahorros fiscales y fortalecer el manejo de la deuda pública.
Según el comunicado del Grupo Banco Mundial, el préstamo de políticas públicas respalda reformas clave, entre ellas la actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el fortalecimiento del sistema de pensiones, mejoras en la administración tributaria y el desarrollo del mercado local de deuda.
También contempla acciones para facilitar las asociaciones público-privadas, así como la ampliación de la capacidad disponible para servicios de 5G y banda ancha en áreas estratégicas del país.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que la aprobación de esta operación “refleja la confianza del Grupo Banco Mundial en el compromiso de Panamá con la disciplina fiscal y la transparencia”, y subrayó que el acceso a recursos en mejores condiciones envía una señal positiva a los mercados internacionales sobre la determinación del Gobierno de avanzar en reformas estructurales.
Por su parte, Juan Pablo Uribe, director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana, afirmó que la operación “marca un hito” y sienta las bases para una gestión pública más eficiente y sostenible, orientada a mejorar los servicios y la calidad de vida de la población.
Desde la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), Ariane Di Iorio destacó que el uso combinado de garantías permitirá reducir los costos de financiamiento del país y apoyar la agenda de reformas fiscales a largo plazo, mediante un esquema innovador que podría replicarse en otros países de ingreso medio.
El préstamo de $500 millones tendrá un plazo de 25 años, con dos años de gracia. La estructura financiera forma parte de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, diseñada para ampliar las opciones de financiamiento soberano y atraer capital privado en apoyo a las políticas públicas.
