El banco de inversión Barclays recortó su estimación de crecimiento económico para Panamá en 2025 de 4.8% que había estimado a inicios de este año a 3.8%, advirtiendo sobre un entorno de mayor incertidumbre política, protestas sociales persistentes y dificultades en la agenda de consolidación fiscal del gobierno de José Raúl Mulino.
“La administración de Mulino se enfrenta a crecientes dificultades políticas desde la aprobación de la reforma previsional y debido a las consecuencias negativas derivadas de su mayor cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos en relación con el Canal. Estos acontecimientos generan incertidumbre sobre cualquier plan de consolidación fiscal potencialmente agresivo y el riesgo de nuevos retrasos en las próximas negociaciones mineras”, indica el informe titulado; Panamá caminando sobre cáscaras de huevo, elaborado por Néstor Rodríguez y Jason Keene de Barclays.
El reporte indica que antes estos acontecimientos “rebajamos nuestra previsión de crecimiento para 2025 al 3.8%, mientras seguimos esperando un déficit superior al objetivo de las autoridades, con un aumento del riesgo de oferta hacia finales del tercer trimestre”.
Entre los factores clave que motivaron esta revisión a la baja destacan:
Inestabilidad política generada tras la aprobación de la reforma previsional, que provocó protestas de sindicatos y del sector educativo.
Malestar social vinculado al Memorando de Entendimiento con Estados Unidos sobre la cooperación en seguridad en el Canal de Panamá, que sectores opositores y grupos estudiantiles consideran una amenaza a la soberanía nacional.
Impacto de huelgas y protestas en sectores productivos como la construcción y el agro, evidenciado en el cierre de la operación bananera en Bocas del Toro tras despidos masivos de Chiquita, así como en un crecimiento de la actividad económica mensual de apenas 4.2% interanual en abril, menor al ritmo del primer trimestre.
Riesgos fiscales debido a un déficit público superior al objetivo oficial y a niveles de deuda elevados, junto con amortizaciones a corto plazo que mantienen presiones sobre el financiamiento. Barclays prevé que el déficit del gobierno central alcance el 5.9% del PIB este año y estima necesidades de financiamiento por hasta 9,400 millones de dólares en 2025, lo que forzaría al país a realizar nuevas emisiones de deuda externa.
“Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que la cifra [de déficit fiscal] termine siendo menor, beneficiada por los cambios en la rendición de cuentas del sistema de pensiones, que ahora registrará superávits en el subsistema de contribución definida, y la voluntad del gobierno de recortar gastos o la posibilidad de empujar parte de su ejecución hasta 2026″, menciona el informe.
Barclays también alertó que la tensión política podría frenar políticas de ajuste fiscal o retrasar avances en las negociaciones sobre la minería, en particular tras la aprobación del plan de cuidado y mantenimiento para la mina, que aún enfrenta obstáculos legales y sociales.
Aunque la entidad reconoce señales positivas —como el recorte presupuestario aprobado por el gabinete en junio para contener gastos de 1,900 millones de dólares— advierte que las expectativas de ingresos siguen sobreestimadas y que la ejecución fiscal real será determinante para sostener la calificación crediticia de Panamá.
“A nivel del Sector Público No Financiero, los recortes se distribuirán entre $426,5 millones (0.5% del PIB) en gastos operativos y $1,470 millones (1.6% del PIB) en proyectos de inversión. El anuncio envía una señal positiva en términos de contención de gastos, pero no fue inesperado dado que ya se sabía que los ingresos presupuestarios estaban sobreestimados. Será importante ver el compromiso en la ejecución fiscal real”, recalca el análisis de Barclays.
En este contexto, la combinación de protestas, presiones sociales, incertidumbres políticas y vulnerabilidades fiscales podrían seguir pesando sobre la confianza de inversionistas y limitar el ritmo de crecimiento en los próximos trimestres.
“Seguimos preocupados por el grado de inversión de Panamá, en un contexto de débil desempeño fiscal, resistencia legislativa a las reformas, aumento de los niveles de deuda y un incremento en las amortizaciones a corto plazo”, indica el banco.
La mina y otros temas pendientes
El análisis de Barclays indica que aunque observan avances hacia una reapertura de la mina de Donoso, es posible que las decisiones se retrasen.
El banco menciona que tras suspenderse los procesos de arbitraje, Panamá aprobó un plan de cuidado y mantenimiento para la mina, que empezaría a ejecutarse en este trimestre bajo la supervisión de múltiples instituciones y permitirá exportar mineral almacenado.
Sin embargo, Barclays indica que persisten riesgos de retrasos debido al contexto político y a la necesidad de auditorías ambientales que tomarán de tres a seis meses.
Además, señala que antes de reabrir formalmente la mina, se debe levantar la moratoria minera, lo que dependerá de la Asamblea o de la Corte Suprema, y aún no está claro cómo avanzaría una eventual asociación directa entre el Estado y la empresa operadora.
