Un anteproyecto de ley que busca establecer el Retiro Voluntario en el Servicio Público, con la que se pretende combinar la modernización del Estado con el reconocimiento a funcionarios que han dedicado décadas al servicio público, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta surge luego de que se ha divulgado que varias instituciones mantienen una cantidad importante de servidores con largos años de trayectoria, incluyendo funcionarios que ya alcanzaron la edad o las condiciones para jubilarse y continúan laborando.
El proponente, Augusto Palacios, de la bancada Vamos, insistió en que la iniciativa no parte de considerar que estos servidores hayan perdido su capacidad para trabajar. Por el contrario, sostuvo que su experiencia, conocimiento técnico y memoria institucional constituyen un activo que debe ser preservado antes de que se produzca su salida.
“El problema no es la edad. El problema es que el Estado no cuenta con una política adecuada para planificar esa transición”, planteó el diputado durante la presentación.
No habrá retiro obligatorio
Uno de los principales puntos de la propuesta es que el retiro sería estrictamente voluntario.
El anteproyecto establece que no se crearía una edad obligatoria de retiro ni se podría utilizar el hecho de haber adquirido el derecho a una jubilación como causal automática para separar a un servidor de su puesto.
Tampoco permitiría que un funcionario fuera destituido, trasladado, sometido a una reducción salarial o a una desmejora laboral por razón de edad o por decidir no acogerse al programa.
Requisitos
“Escúchese bien, es un retiro voluntario”, enfatizó Palacios, al explicar que la intención es ofrecer una alternativa a quienes, después de muchos años de servicio, consideren que ha llegado el momento de concluir voluntariamente su etapa laboral en el Estado.
Para acogerse al programa, entre los requisitos planteados figuran estar en servicio activo, haber adquirido el derecho a una pensión por vejez, contar con al menos 10 años de servicio público y presentar voluntariamente la renuncia.
Bonificaciones de hasta 10 meses
El incentivo económico constituye uno de los principales atractivos de la propuesta.
La bonificación extraordinaria se calcularía de acuerdo con los años de servicio. El esquema planteado establece cuatro meses de salario para quienes tengan 10 años de servicio; seis meses para quienes alcancen 15 años; ocho meses para quienes tengan 20 años y hasta 10 meses de salario para quienes acumulen 25 años o más.
Para quienes se encuentren entre esos rangos se contempla adicionar el equivalente al 40% de un salario mensual por cada año completo adicional, con un tope máximo de 10 meses de salario.
La propuesta establece que este incentivo no afectaría la pensión ni los demás derechos adquiridos por el servidor.
No se trata solo de reemplazar funcionarios
El proyecto plantea que cada salida sea aprovechada para revisar la estructura y las necesidades de las instituciones públicas.
Antes de cubrir una vacante, la entidad tendría que determinar si el cargo continúa siendo necesario, si requiere transformarse, fusionarse o eliminarse, o si debe ser ocupado por una persona con un perfil profesional diferente.
Con ello, los proponentes buscan evitar que el programa termine simplemente aumentando la planilla estatal mediante el reemplazo automático de funcionarios que se retiren.
Además, las instituciones deberán elaborar anualmente un Plan Institucional de Relevo Generacional, en el que se identifiquen áreas críticas, posibles retiros, necesidades de recursos e impacto presupuestario.
La implementación estaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a estudios de costo-beneficio, con el objetivo de evitar salidas masivas que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos.
Experiencia frente a nuevas capacidades
La propuesta también incorpora un componente de transferencia de conocimientos.
En áreas técnicas o estratégicas, el proceso de relevo podría incluir documentación de procedimientos, mentoría, capacitación y transferencia de conocimientos para evitar que la experiencia acumulada durante décadas abandone las instituciones sin dejar capacidades instaladas.
El argumento de los proponentes es que el Estado enfrenta nuevas demandas vinculadas con la digitalización, automatización, análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios electrónicos, lo que requiere incorporar progresivamente nuevas competencias.
Palacios defendió que esa transformación no debe significar desechar a quienes han construido la experiencia institucional.
“Modernizar no significa desechar experiencia, renovar no significa excluir y el relevo generacional no significa una generación por otra”, afirmó.
