La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho como condición indispensable para el desarrollo del país. En su mensaje semanal, el gremio empresarial enfatizó que no existen atajos para lograr un Panamá verdaderamente desarrollado.
“Si aspiramos a ser un país serio, con instituciones sólidas y confiables, necesitamos una justicia igual para todos. Sin privilegios. Sin demoras. Sin excusas”, expresó la entidad.
Según datos proporcionados por la Cciap, entre 2018 y 2024 el Ministerio Público recibió un total de 8,197 denuncias por delitos graves como blanqueo de capitales y corrupción contra la administración pública. De esas, 627 fueron por blanqueo y 7,570 por corrupción. Sin embargo, únicamente 452 casos llegaron a una sentencia firme. De estos, 143 fueron llevados a juicio y 309 se resolvieron mediante acuerdos de pena. “¿Y las otras 7,745 denuncias? ¿Dónde quedaron?”, cuestionó la Cámara de Comercio.
Si bien reconocen que la justicia toma tiempo, también destacan que cuando hay voluntad, hay resultados. Para la Cciap, lo inaceptable es que “los tiempos y los desenlaces dependan de quién esté sentado en el banquillo. Es inaceptable que algunos paguen rápido y otros simplemente se refugien y se escapen por la puerta de atrás”.
“El mensaje es claro: la justicia no puede operar con doble moral”. El gremio empresarial hizo un llamado claro y firme a las instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia —el Ministerio Público y el Órgano Judicial— para que actúen con determinación y equidad. Aseguran que Panamá necesita instituciones que respeten el debido proceso, pero que también trabajen con celeridad, investiguen con seriedad, procesen sin demoras selectivas y apliquen la ley sin mirar nombres ni apellidos.
Además, la Cámara señaló que esta responsabilidad no recae únicamente en dichas instituciones. “Los funcionarios públicos deben actuar con integridad. Y los ciudadanos, con valentía. Denunciar lo que está mal no es una opción: es un deber. Callar ante la corrupción nos hace parte del problema”, subraya el comunicado.
Como parte de su compromiso con la transparencia, la Cámara recordó que fue esta organización la que presentó la denuncia sobre los llamados “auxilios económicos” del Ifarhu. Aseguran que este caso, actualmente en curso, busca recuperar fondos malversados. “Porque la justicia no puede aplicarse a conveniencia. O es para todos, o no es justicia”, afirmaron.
Finalmente, la Cámara concluyó que, si realmente se desea un mejor país, todos —autoridades, funcionarios y ciudadanos— deben actuar con firmeza y responsabilidad, exigiendo que se cumpla la ley “caiga quien caiga”. Solo así, enfatizan, se podrá construir un Panamá donde las reglas se respeten y se apliquen sin excepción.
