La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó al presidente José Raúl Mulino, vetar en su totalidad el proyecto de ley 226, recién aprobado por la Asamblea Nacional, al considerar que la ampliación de descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad incrementaría la presión económica sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
La iniciativa, aprobada en tercer y último debate con 47 votos, modifica la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y amplía los beneficios existentes en sectores como salud, servicios públicos, telecomunicaciones, educación, servicios profesionales, vivienda y productos de uso personal, además de incorporar nuevos descuentos.
Entre las disposiciones aprobadas figura la aplicación de un 15% de descuento adicional sobre el precio promocional de productos o servicios, una medida conocida como “descuento sobre descuento”.
El proyecto también aumenta beneficios ya existentes, como el descuento en la factura eléctrica, que pasaría de 25% a 30%, y establece nuevas rebajas en pañales para adultos, servicios privados de salud a domicilio, dispositivos de apoyo, telecomunicaciones y otros servicios.
Sin embargo, para la CCIAP, la discusión no debe centrarse en la necesidad de proteger a los adultos mayores, sino en la sostenibilidad del mecanismo mediante el cual se financian esos beneficios.
“Proteger a los jubilados, pensionados y adultos mayores es una responsabilidad que compartimos. Lo que debemos discutir es cómo hacerlo de manera sostenible y viable”, sostuvo el gremio empresarial.
La organización, presidida por Aurelio Barría, advirtió que para una MiPyme un descuento obligatorio representa una reducción directa de sus ingresos, mientras otros costos operativos, como planilla, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos, se mantienen o aumentan.
Consecuencias
Según la Cámara, las pequeñas empresas no cuentan con una capacidad ilimitada para absorber nuevas obligaciones.
Entre las alternativas que podrían enfrentar están la reducción de sus márgenes de ganancia, el aumento de precios, la postergación de inversiones, la limitación de contrataciones o, incluso, el cierre de operaciones.
“Ninguna de esas opciones beneficia a los panameños en su conjunto”, advirtió la CCIAP.
El gremio también cuestionó que la incorporación de un crédito fiscal del 100% para reconocer los descuentos otorgados por las empresas resuelva el problema de fondo.
A juicio de la organización, antes de establecer ese mecanismo debe analizarse su viabilidad, el costo que representaría para las finanzas públicas y la capacidad real del Estado para hacerlo efectivo.
La CCIAP recordó que durante años distintos sectores han asumido descuentos establecidos por ley sin recibir un reconocimiento fiscal equivalente, por lo que considera necesario resolver esa situación. No obstante, sostiene que, incluso si el crédito fiscal funciona, permanecería pendiente el debate sobre la sostenibilidad de continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas directamente al tejido empresarial.
“Una política social necesita sostenibilidad”, planteó el gremio.
La posición empresarial se suma a las advertencias expresadas durante la discusión legislativa por sectores como el hotelero, farmacéutico y comercial, cuyos representantes cuestionaron el impacto económico y la viabilidad de aumentar los descuentos obligatorios.
Sanciones
El proyecto 226 también endurece las sanciones contra los comercios que incumplan con los beneficios establecidos. Las multas podrían oscilar entre 500 y 10 mil dólares, frente a las sanciones actuales, que van desde 50 hasta mil dólares, además de duplicarse en caso de reincidencia.
Mientras los defensores de la iniciativa sostienen que las nuevas disposiciones buscan garantizar beneficios reales a los jubilados y evitar prácticas como el aumento previo de precios antes de aplicar descuentos, los gremios empresariales insisten en que el costo de esa política no puede recaer de manera creciente sobre las empresas.
Para la CCIAP, antes de imponer nuevas obligaciones debe realizarse una revisión integral del régimen vigente y evaluarse su impacto sobre los precios, la inflación, el empleo, la inversión y, particularmente, sobre las MiPymes.
El gremio también considera necesario definir qué participación debe asumir el Estado en el financiamiento de estos beneficios y fortalecer el cumplimiento de los derechos que ya existen.
“El proyecto debe ser vetado en su conjunto”, reiteró la Cámara, al pedir al Ejecutivo abrir una discusión técnica, fiscal y económica sobre la forma de garantizar una mayor protección a los adultos mayores sin trasladar nuevas presiones al sector productivo.
El proyecto de ley se encuentra ahora en manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir si sanciona la iniciativa o la devuelve a la Asamblea Nacional mediante un veto.
