En medio de un escenario marcado por tensiones geopolíticas, nuevas inversiones portuarias y una creciente competencia regional, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, advirtió que Panamá necesita actualizar con urgencia su estrategia marítima nacional para proteger su posición como hub logístico y garantizar la competitividad del país en el comercio global.
Según afirmó, el transporte marítimo sigue siendo esencial para la economía mundial, ya que más del 90% de los insumos utilizados diariamente se movilizan por esta vía y el Canal es un activo clave.
La industria marítima y logística panameña representa alrededor del 30% del producto interno bruto del país y más de 150 mil empleos.
Gómez advirtió durante la reciente Convención Marítima de las Américas que Panamá necesita integrar más todo el hub marítimo y logístico y aprovechar las nuevas inversiones portuarias previstas en el país. “Estamos dispuestos a seguir elaborando esa estrategia marítima nacional que está en el artículo 317 de la Constitución y es lo que nos permite darle gobernanza a ese plan”, afirmó.
El dirigente marítimo indicó que Panamá enfrenta el reto de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para impulsar nuevas leyes y políticas que preserven el empleo y aumenten el movimiento de carga.
“Tanto el sector privado como el gubernamental tiene que hablarse para mantener y preservar el trabajo tanto en tierra como en mar”, sostuvo.
También señaló que la sostenibilidad ambiental, la educación y la contratación de talento local deben formar parte de los nuevos modelos de concesión portuaria.
Sobre las próximas licitaciones portuarias y los proyectos vinculados al Canal de Panamá, Gómez aseguró que el país atraviesa “una oportunidad clave histórica”, con inversiones proyectadas superiores a los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, advirtió que Panamá debe ofrecer seguridad jurídica, eficiencia y mecanismos de medición de desempeño tanto para las empresas privadas como para las entidades gubernamentales. “Tenemos que darle las herramientas y mecanismos correctos para que ellos puedan asegurar su inversión”, indicó.
Gómez también alertó sobre los riesgos de imponer nuevos impuestos al movimiento de contenedores, al considerar que podrían provocar la pérdida de carga hacia puertos competidores como Cartagena o Kingston.
Según explicó, la propuesta discutida en la Asamblea implicaría costos adicionales de hasta 400 millones de dólares anuales para las navieras, además de la pérdida de competitivad del país.
“Si nosotros dejamos de ser eficientes y somos más costosos, esa carga va a buscar otro destino”, advirtió.
Añadió que “los países vecinos están ansiosos y deseosos de que nosotros cometamos un error”, por lo que insistió en mantener mesas de trabajo entre la empresa privada, el Gobierno y la academia para buscar soluciones sostenibles.
