Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación a la Ley 406 de 2023, “es imperativo que se tomen rápidamente una serie de pasos y procesos que establezcan las bases para llevar a cabo un cierre ordenado y responsable de las operaciones mineras en el distrito de Donoso”, provincia de Colón.
Así lo expresó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), en la columna dominical la Cámara Opina de este 3 de diciembre de 2023, donde plantea algunas observaciones después de que el pleno de la Corte declarara que la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 −que adoptó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.,− es inconstitucional.
“Dada la complejidad de este proceso que requiere amplio tiempo y una inversión significativa, es urgente definir de manera inmediata los pasos que nos conduzcan hacia un escenario ideal”, plantea la organización, liderada por Adolfo Fábrega.
El gremio empresarial señaló que, ante la ausencia de un plan de acción estudiado y consensuado, “es necesario activar de forma urgente un comité técnico multisectorial, liderado por individuos de reconocida credibilidad y respaldados por diversos grupos civiles”.
Dicho comité deberá llevar adelante un proceso donde se defina un plan de acción integral en aspectos ambientales, jurídicos y económicos. Además, es fundamental que cuente con la legitimidad correspondiente para que sus decisiones sean vinculantes, subrayó la Cciap, quien resaltó que este es un asunto “eminentemente técnico que debe abordarse con seriedad y celeridad”.
De hecho, el gremio indicó que este asunto debe organizarse “en cuestión de días para que el país cuente prontamente con una ruta clara de lo que debe suceder”, para que el desenlace no sea un desastre ambiental o la explotación ilegal de áreas, como ha ocurrido en otros países.
La Cciap resaltó también que, además de abordar el futuro de la actividad minera, es esencial considerar un plan de recuperación para los sectores económicos afectados, así como para los estudiantes que han experimentado retrasos y la reputación internacional del país que se ha visto perjudicada. A su vez, es “necesario diseñar un plan de preparación para la potencial pérdida del grado de inversión y su futura recuperación”, indicó.
#CámaraOpina Los panameños merecemos que se trate el tema de manera diligente, con las salvaguardas del caso, pero pensando en avanzar hacia la solución que planteó la ciudadanía, y determinó la Corte Suprema de Justicia. @fitofabrega https://t.co/spnsfwnTzv
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) December 3, 2023
La decisión unánime que fue comunicada por los magistrados en días pasados tenía en la expectativa al país, puesto que desde la aprobación de la citada ley y publicación en Gaceta Oficial, el pasado 20 de octubre, Panamá se encontraba inmersa en una crisis económica y social condicionada por los bloqueos de vías y manifestaciones a nivel nacional. Según lo anunciado por el pleno de la Corte, la controvertida norma viola 25 artículos de la Constitución.
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