Las calificadoras ponen nota. Los mercados ponen precio. Y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que hay que prestar atención a ambos.
Durante un foro en Panamá, organizado en torno a la evaluación de riesgo del país por Moody’s Ratings y otro sobre inversionistas del mercado de valores, Chapman coincidió con el diagnóstico de la calificadora sobre los dos grandes retos que enfrenta Panamá para fortalecer su posición crediticia: la sostenibilidad fiscal y las reformas institucionales.
Pero mientras Moody’s señala las tareas pendientes, Chapman puso el foco en otro juez que, a diferencia de una calificadora, evalúa a Panamá: los mercados.
“Los mercados todos los días emiten una opinión del riesgo país”, señaló.
Para Chapman, esa opinión tiene una ventaja frente a la fotografía que ofrece una calificadora: se refleja todos los días en un precio. Es el costo que los inversionistas están dispuestos a cobrarle a Panamá por prestarle dinero.
Por eso, dijo, no basta con mirar la calificación. El mercado también está diciendo algo sobre el país y, en este momento, esa señal es relativamente favorable. Según Chapman, Panamá tiene un costo de financiamiento menor que el de otros países con la misma calificación crediticia.
El comentario cobra especial relevancia en un momento en que Moody’s mantiene a Panamá en Baa3, grado de inversión, pero con perspectiva negativa. Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, había resumido la situación con una frase poco habitual: Panamá “es grado de inversión y no es grado de inversión al mismo tiempo”.
Las tareas pendientes
Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, señaló que Panamá conserva fortalezas importantes, entre ellas una economía globalizada, perspectivas de crecimiento y capacidad para enfrentar choques externos.
Las principales dudas están en las finanzas públicas, particularmente por la rigidez del gasto, la limitada base de ingresos y las presiones de la deuda.
Chapman dijo que coincide con buena parte de las observaciones y confirmó que el Gobierno prepara una agenda de reformas que deberá pasar por la Asamblea Nacional. No será ahora.
“En este momento nuestra prioridad con la Asamblea es el presupuesto”, afirmó. Las reformas, agregó, se impulsarían en la próxima legislatura, a partir de enero de 2027.
Chapman defiende las cuentas
Ante corredores de bolsa, banqueros e inversionistas, Chapman defendió la evolución reciente de la economía panameña.
Citó las proyecciones de crecimiento de la Cepal, de 4.4% para 2026 y 4.6% para 2027, y destacó que el IMAE acumuló un crecimiento de 5.4% a junio.
En materia fiscal, dijo que el déficit del sector público no financiero se ubicó en $2,642 millones a julio, $313 millones menos que en el mismo periodo de 2025. Como proporción del PIB, pasó de 3.27% a 2.78%.
Para 2027, el Gobierno plantea aumentar 12% el gasto de capital y reducir 5% el gasto operativo.
“Estamos creciendo y simultáneamente estamos reduciendo el déficit”, afirmó Chapman.
El reclamo por el presupuesto
Ante ese público financiero, Chapman también dejó salir su molestia por la forma en que se está dando el debate sobre el presupuesto en la Asamblea Nacional.
El ministro cuestionó que buena parte de la discusión ocurra cuando, según explicó, la Constitución ya limita las posibilidades de modificar el proyecto, en lugar de concentrarse en la etapa de elaboración del presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Constitución de la República de Panamá indica que la Asamblea Nacional no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la Aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del Contralor General de la República.
Pero esas limitaciones no eliminan el papel de la Asamblea en el examen del presupuesto. Las objeciones de los diputados sobre gastos que consideran innecesarios, así como sus solicitudes de recursos para inversiones que consideran prioritarias, forman parte del debate y del control que corresponde al Legislativo.
Chapman aprovechó la tribuna para cuestionar lo que considera presión mediática y el peso de las redes sociales en algunas decisiones.
“Bienvenido al trópico salvaje”, dijo al referirse a los titulares y críticas que acompañan las decisiones del Gobierno.
Su reclamo fue que la discusión de las políticas públicas debería centrarse más en sus efectos y menos en el impacto mediático de las decisiones.
Cobre Panamá, otra pieza de la ecuación
La decisión que tome el Gobierno sobre Cobre Panamá también será una variable relevante para la trayectoria fiscal del país.
Chapman reiteró que la comisión de alto nivel que integra junto con los ministros de Comercio e Industrias y Ambiente entregará en las próximas semanas sus recomendaciones sobre el futuro de la mina.
La explotación permanece suspendida desde el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Sus defensores sostienen que la actividad generaba empleo y movilizaba inversiones y servicios en distintas áreas de la economía, más allá de la operación minera.
Empleo
El ministro también puso el mercado laboral como ejemplo de la recuperación económica. Informó que durante el primer semestre se registraron 174,379 contratos de trabajo, 31,461 más que en el mismo periodo del año anterior, un aumento de 22%.
Sin embargo, el número de contratos registrados no equivale necesariamente a nuevos empleos. Analistas económicos han advertido sobre esta diferencia al analizar la paradoja de un mercado laboral en el que aumentan los contratos mientras el desempleo permanece elevado.
En materia fiscal, Chapman aseguró que el Gobierno avanza en la reducción del déficit. A julio, el déficit del sector público no financiero se ubicó en $2,642 millones, $313 millones menos que en el mismo periodo de 2025. Como proporción del PIB, pasó de 3.27% a 2.78%.
Habrá que esperar cómo evolucionan los ingresos y los gastos durante el segundo semestre para determinar si esa mejora se sostiene.
Los ingresos totales aumentaron 8%, mientras que el gasto creció 2.8%. Para 2027, el Gobierno plantea aumentar 12% el gasto de capital y reducir 5% el gasto operativo.
Frente a los inversionistas, Chapman defendió la idea de que crecimiento y disciplina fiscal pueden avanzar juntos. “Estamos creciendo y simultáneamente estamos reduciendo el déficit”, afirmó. Ante los inversionistas, Chapman jugó de local.
