Bancos y compañías de seguro y otras empresas han sido engañados con la emisión de créditos fiscales falsos en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Precisó que la comercialización de créditos fiscales fraudulentos es un problema de larga data que deja en evidencia las debilidades históricas del sistema tributario panameño.
“En este país, desde que tengo uso de memoria de ser profesional, ha habido tráfico de créditos fiscales”, manifestó el ministro, sin que antes de la investigación que lleva adelante la DGI, desde finales de 2024, hubiese hablado de este tema.
“Se han engañado bancos, se han engañado empresas aseguradoras, se han engañado otro tipo de empresas a lo largo de los años”, sostuvo.
Las declaraciones se producen en medio de la investigación denominada operación Pandora, que expuso una presunta red integrada por funcionarios, abogados, tramitadores y representantes del sector privado que habría manipulado el sistema e-Tax.
El esquema permitió alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y causar un perjuicio estimado de al menos $40 millones al Estado. Hasta el momento, la investigación ha derivado en la detención de 31 personas.
Chapman afirmó que las vulnerabilidades detectadas no fueron creadas durante la actual administración, pero aseguró que están siendo atendidas con apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos especializados en materia tributaria y países aliados.
“Que el panameño se sienta tranquilo: cuando esta administración termine, va a haber una administración tributaria completamente distinta a la recibida”, señaló.
El titular Economía y Finanzas indicó que la DGI contará con mayor institucionalidad, mejores mecanismos de gobernanza y controles más estrictos.
Añadió que el Gobierno ya está utilizando herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para revisar procesos, detectar irregularidades y fortalecer la trazabilidad de las operaciones realizadas dentro del sistema tributario.
Chapman descartó que el caso pueda amenazar la recaudación futura y explicó que las revisiones internas comenzaron antes de que se conocieran públicamente las investigaciones.
Indicó que el proceso se desarrolla en dos ámbitos: uno judicial, sobre el cual evitó pronunciarse, y otro administrativo, en el que corresponde a la DGI revisar procedimientos y reforzar los sistemas.
También adelantó que, de ser necesario, se impulsarán cambios legales para proteger los intereses de los contribuyentes y del Estado, aunque no precisó si el perjuicio económico podría superar los $40 millones.
