Chiquita Panamá LLC e Ilara Holding INC, informaron que se procederá a dar por terminada la relación laboral a partir del día 18 de julio de 2025, de los 1,189 trabajadores diarios que mantenían relación laboral vigente con las compañías.
A través de un comunicado, emitido la tarde de este jueves 17 de julio, la empresa explicó que con motivo de las resoluciones No. DM-127-2025 de 10 de julio de 2025 y No. DM-128-2025 de 10 de julio de 2025 emitidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se autoriza el despido por causa económica según lo establecido en el artículo 213 inciso C) del Código de Trabajo.
“Se reitera que esta decisión ha sido debidamente autorizada por el Mitradel, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos”, indicó la empresa bananera.
A partir del día 28 de julio de 2025 y hasta el 31 de julio de 2025, las personas indicadas podrán presentarse a las oficinas de Chiquita ubicadas en Empalme, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, para retirar el pago de sus respectivas prestaciones laborales y los documentos de terminación.
Se ha podido confirmar que tras estas desvinculaciones, no quedaría ningún trabajador activo de Chiquita, tras las protestas de más de 50 días en Bocas del Toro, que paralizaron las exportaciones bananeras.
Se entiende que estos 1,189 trabajadores forman parte del grupo de colaboradores que al momento de la paralización de trabajos en las fincas y plantas operativas, se encontraban de licencia por embarazo, enfermedad o vacaciones.
La noticia surge tras una masiva ola de despidos ejecutada por la empresa el mes de mayo, cuando fueron cesados aproximadamente 5,000 empleados de una plantilla total de un poco más de 6,000 trabajadores.
Esta drástica decisión fue tomada en medio de una prolongada huelga que paralizó las operaciones en las fincas bananeras de la compañía.
Según informó la empresa el pasado 22 de mayo, los despidos se concentraron principalmente en la provincia de Bocas del Toro, donde cientos de trabajadores dejaron de acudir a sus labores a finales de abril.
La empresa calificó esta acción como un “abandono injustificado de funciones”, y argumentó que dicha conducta contravenía los términos laborales vigentes, lo que motivó su determinación de poner fin a los contratos de los huelguistas.
