Casi la totalidad de los cigarrillos que circulaban en Panamá eran ilegales en 2025. Detrás de esa cifra —97%— no solo hay evasión fiscal, sino un sistema vulnerable que, según la Dirección Nacional de Aduanas, también ha servido para el contrabando y posibles esquemas de lavado de dinero.
Mientras la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, hablaba el jueves pasado con La Prensa sobre el contrabando y los frenos que intentan imponer, en algún punto del sistema ya se estaba empacando un cargamento. La confirmación llegó un día después.
El viernes, en la autopista Panamá-Colón, la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvo un furgón de 55 pies con 1,641 pacas de cigarrillos de contrabando que tenían como destino aparente un duty free en Chiriquí.
La documentación del conductor declaraba lonas, colchas ortopédicas, llantas para motocicletas, piezas para abanicos y cortinas, mientras que la inspección reveló únicamente cigarrillos de marcas no autorizadas en el país, procedentes de China e India. El valor de la carga supera los 1.3 millones de dólares (CIF).
En la operación, denominada Río, las autoridades utilizaron como apoyo la Declaración de Reexportación y Exportación, en implementación desde el pasado 1 de abril, la cual permite, según Aduanas, tener trazabilidad de las mercancías provenientes de la Zona Libre de Colón (ZLC).
La percepción inicial de que en 2025 se habían desarticulado las redes que movían este tipo de mercancía desde Colón contrasta con nuevas evidencias que muestran que el sistema aún mantiene puntos de entrada y salida vulnerables.
Persisten indicios de actividad, pero a menos escala. Esto ha tenido efectos en el mercado local, donde la menor disponibilidad del producto ha encarecido la cajetilla falsificada, que ha pasado de alrededor de $1.00 a $3.00
“Hay empresas que hacen las cosas bien, pero hay otras que no quieren que sepamos qué están moviendo”, afirmó Valdivieso, refiriéndose a los casos detectados en la zona franca y fuera de ella.
Se ha detectado fraude marcario, especialmente en mercancías como celulares; empresas fantasma utilizadas para operaciones irregulares; y tráfico de precursores químicos, empleados en la fabricación de drogas, explicó.
Las alertas incluyen sectores no tradicionales, como el comercio de oro, donde actualmente hay investigaciones. Todos los casos ya forman parte de procesos legales en el sistema judicial, por lo que aún no se han divulgado mayores detalles.
“Salían con un DMCE —Declaración de Movimiento Comercial Electrónico de la ZLC—, cruzaban la frontera con otro y llegaban al destino con otro distinto”, detalló.
La falta de controles ha tenido impactos amplios. Panamá ha sido señalada en foros internacionales como plataforma para el comercio ilícito.
Valdivieso aprovechó para aclarar que se trata de una minoría y que más del 90% de las empresas en la ZLC operan con altos estándares y rigurosidad. “Pero no podemos permitir que unos cuantos dañen la imagen de Panamá”, recalcó, al tiempo que mencionó el trabajo conjunto con la administración de la zona franca y los empresarios que reclaman que se ejerzan controles para preservar una plataforma importante del comercio regional.
En la entrevista abordó este tema en el contexto de la puesta en marcha del nuevo requisito digital para las operaciones en la ZLC, con el que se busca —en sus palabras— cerrar brechas históricas en el control de mercancías, tras detectar prácticas vinculadas al contrabando, la falsificación y el posible lavado de activos.
Con la declaración de reexportación y exportación, las cifras deben coincidir exactamente con el DMCE original.
La trazabilidad permitirá obtener estadísticas reales sobre el movimiento de mercancías. A diferencia del DMCE, la nueva declaración crea una base de datos digital que no se puede modificar, proporcionando información fidedigna y en tiempo real a organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), afirmó.
El problema crítico del DMCE es su limitación geográfica. Según la directora, “el DMCE muere en Paso Canoa... es un documento nacional, local. No es un documento con el que puedas sustentar tu mercancía en el extranjero. Es un documento comercial, no aduanero, y además es alterable”.
El nuevo sistema o módulo no debe representar un costo adicional para el Estado, ya que se retomó un proyecto pagado en 2018 que estaba “durmiendo el sueño eterno”.
De los 58 campos que exige la declaración, Aduanas logró homologar la información para que el sistema arrastre automáticamente los datos del DMCE que ya usan las empresas, dejando 18 campos para confirmación del usuario, principalmente sobre normas de origen.
La norma, aplicada a partir del 1 de abril, ahora pasa por una prórroga de cuatro meses para que se ajusten quienes no estén en regla. Después de este periodo, no habrá más flexibilidad: “Si no se inscriben, no pueden mover su carga desde la ZLC”.
El plazo se extiende hasta agosto de 2026. Aunque estas disposiciones forman parte de una estrategia general de modernización aduanera, la primera fase de aplicación se concentra en las operaciones de la ZLC, después de 15 años de no exigirse el documento.
