El gobierno de Laurentino Cortizo cerrará este 2023, su último año completo de administración, con reformas que le permiten legalizar el uso de deuda para pagar gasto corriente.
Aquí, cinco puntos claves para entender la movida en materia de finanzas públicas. Es como pagar un préstamo personal con la tarjeta de crédito, sacando dinero del cajero automático.
1. Flexibilización de normativa para financiar gastos corrientes con deuda: El pasado 18 de diciembre se modificó el Decreto N°52 de 2019 mediante el Decreto Ejecutivo N°25 de 2023. Este cambio, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el presidente Laurentino Cortizo, flexibiliza las restricciones que prohibían utilizar deuda para financiar el gasto corriente del Estado.
2. Transformación en la Responsabilidad Social Fiscal: El ajuste, que entró en vigencia el 19 de noviembre de 2023, reescribe el artículo 15 del primer decreto. Se indica que los recursos provenientes de los créditos externos e internos se destinarán preferiblemente a financiar el gasto de capital. Antes decía expresamente que los fondos que se consiguieran a través de deuda “no podían destinarse al pago de gasto corriente”.
3. El alto costo de financiar gastos operativos con deuda: Con esta modificación, se permite oficialmente la emisión de deuda para cubrir gastos operativos ( planilla o pagos a proveedores) que antes se financiaban con ingresos corrientes. Este cambio implica una nueva dinámica, reconociendo al final del camino intereses que no estaban contemplados anteriormente.
4. Las contracciones del MEF: El mismo día en el que empezó a regir el nuevo decreto, el ministro de Economía, Héctor Alexander, dijo en una conferencia de prensa: “¿Se imaginan quién de ustedes puede vivir pagando la comida, la luz, el agua y otros gastos que pueden tener en la casa, pidiendo préstamos por que la plata no da? No es sostenible pedir prestado para pagar estos gastos de un hogar y en las finanzas públicas no es posible que se estén pagando siempre gastos de operación con préstamos, no... Los préstamos están hechos para que se utilicen para inversión”.
5. Enormes compromisos financieros: Panamá acumula una deuda pública que alcanza los $47,299 millones. Además, mantiene deudas atrasadas con proveedores, cuyo monto actual se desconoce; compromisos financieros con los bancos que otorgan créditos con interés preferencial. También enfrenta las transferencias no realizada al Fondo de Ahorro de Panamá, que se estima podría superar los $1,000 millones a finales del 2023, por citar algunos ejemplos.
