CK Hutchison Holding Limited, matriz de Panama Ports Company (PPC), está ampliando su reclamo contra el Estado panameño, luego de perder la gestión de los puertos Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en la costa atlántica).
El holding anunció la presentación de un “suplemento” (“supplement”) ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), 31 días después de haber comenzado un arbitraje contra la República de Panamá, a quien acusa de haber “expropiado” sus operaciones portuarias.
En todo momento, el gobierno panameño ha rechazado los señalamientos de expropiación y sostiene que el desalojo de PPC es consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que, el 29 de enero de 2026, declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que adoptó el contrato de concesión pactado entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y PPC, empresa en la que el Estado panameño tiene una participación accionaria de 10%.
El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado 23 de febrero. Ese mismo día, el Ejecutivo firmó la concesión temporal de ambos puertos: el de Balboa fue adjudicado a APMT Panama (filial de Maersk) y el de Cristóbal a TIL Panama, brazo portuario de MSC. Ambas concesiones son por 18 meses, periodo durante el cual la AMP convocará a una licitación para encontrar operadores definitivos.
Según las reglas del ICC, cuando la parte demandante presenta un “supplement” en un arbitraje, significa que está añadiendo o actualizando su notificación inicial de disputa con nueva información, hechos, alegaciones, respuestas o reacciones. En otras palabras, es una ampliación o actualización de la primera notificación que se presentó, la cual puede incluir detalles adicionales que no fueron advertidos en la notificación inicial o nuevos elementos relacionados con el conflicto.
El “notice of dispute” (aviso de disputa) es el primer paso formal en el proceso de arbitraje, donde la parte demandante informa a la otra parte que existe una controversia que podría ser resuelta mediante arbitraje. En el caso de PPC, este aviso ocurrió el 3 de febrero pasado. Este aviso generalmente incluye una descripción del conflicto, las alegaciones de la parte demandante y la base legal de la disputa.
En su comunicado de este viernes, CK Hutchison se quejó porque el Estado panameño ha “ignorado” sus comunicaciones. Este señalamiento ha sido rechazado tajantemente por el presidente José Raúl Mulino, quien contó que a partir del momento en que se presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de PPC, en febrero de 2025, sostuvo varias reuniones con PPC, incluso en Washington y Nueva York. Incluso mencionó que en una de esas reuniones participó un funcionario del gobierno de China, que reprochó que nadie consultó al Partido Comunista China cuando el fondo BlackRock anunció la compra (ahora fallida) de los 43 puertos operados por CK Hutchison en todo el mundo, incluyendo los dos de Panamá.
CK Hutchison apuntó en su comunicado que “ha tomado nota de varios comentarios inexactos por parte del Estado de Panamá relacionados con la compañía y PPC, los cuales han agravado aún más la situación”.
Asimismo, ha informado que solicitó una “reconsideración” del Decreto Ejecutivo 23 del 23 de febrero de 2026, en el que el presidente José Raúl Mulino ordenó la “ocupación temporal, por motivo de interés social urgente”, de Balboa y Cristóbal, poco después de la publicación en la Gaceta Oficial del fallo de inconstitucionalidad de la CSJ. Poco después, esa ocupación fue dejada sin efecto, cuando la AMP firmó las concesiones temporales con APMT y TIL.
