El alza de precios en la colegiatura para el año 2020 es inminente. El 66% de las escuelas particulares monitoreadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha confirmado que los padres no tendrán otra opción que pagar más por el servicio de enseñanza, si es que deciden seguir formando parte de sus institutos.
El anuncio de este incremento llega, tal como lo dispone el Decreto Ejecutivo No.601, de 9 de julio de 2015, que reglamenta de la Ley 47 Orgánica de Educación, de 24 de septiembre de 1946, con por lo menos seis meses de antelación a la fecha de inicio del próximo período de matrícula.
Pero en la Asamblea Nacional reposa un anteproyecto de ley que podría cambiar la dinámica de alzas anuales si es que finalmente termina aprobándose como ley de la República.
El documento, presentado por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, propone que los centros de educación particular podrán realizar el contrato de servicios educativos con los padres de familia por segmentos divididos en 3 años. Es decir, fijar un solo monto de anualidad y matrícula por varios años.
El contrato deberá establecer los montos correspondientes a los tres años consecutivos divididos en las anualidades y las cuotas mensuales para cada año. Aplicaría un solo contrato para prescolar, otro de primero a tercer grado de primaria, uno de cuarto a sexto grado de primaria, otro para toda la premedia y uno para la educación media.
Dicho documento tendría, además, una cláusula que determine la posibilidad de un ajuste porcentual a las cuotas anuales y mensuales pactadas.
Cuando el Estado tome decisiones que cambien las circunstancias sobre las cuales se firmaron los contratos, podrá producirse un alza fuera de los porcentajes establecidos.
Estas últimas especificaciones abrirían el compás para que los colegios tampoco queden atados de manos si efectivamente hay razones que justifiquen un aumento, o surgen cambios que modifican las condiciones del mercado, tal como ha ocurrido en los últimos años con el alza salarial de los maestros en el sector público, lo que ha forzado el alza en la enseñanza particular.
Estaría prohibido a todos los colegios particulares solicitar donaciones o entrega de bienes como requisito de primer ingreso o matricula de un estudiante.
En Panamá, hay colegios que piden las llamadas donaciones de un monto de 10 mil dólares. Si el aporte no se cumple, es imposible el ingreso del estudiante.
El anteproyecto de ley establece de forma más rigurosa y detallada el mecanismo bajo el cual se aprueba el alza de costos, pasando por varias reuniones y convocatorias en las que deben participar autoridades y padres de familia, incluyendo la posibilidad de rechazar la propuesta de incremento de precios.
De acuerdo con la propuesta, cada vez que una escuela proponga alzas, además de presentar un estudio técnico que justifique sus movidas, deberá incluir un programa relativo al mejoramiento de la calidad educativa.