La derogatoria del contrato de concesión entre el Estado y Panama Canal Railway Company, que opera el ferrocarril transístmico, propuesta en el anteproyecto de ley 119, generaría una amenaza de seguridad jurídica para el país.
Así lo alertó el Consejo Empresarial Logístico (COEL), gremio que a su vez manifestó su profunda preocupación por el anteproyecto y las consecuencias que pueda tener para la seguridad jurídica y la atracción de futuras inversiones.
“Esta iniciativa legislativa, si bien puede surgir de buenas intenciones, representa un grave riesgo para la integridad de la seguridad jurídica del Estado y la reputación de Panamá como un destino de inversión confiable”, precisa el comunicado de Coel.
Esta semana la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 119, presentado por los diputados Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Joan Guevara, del partido Alianza.
La iniciativa legal establece que, una vez derogada la concesión, corresponderá al Órgano Ejecutivo iniciar un nuevo proceso de licitación pública internacional, ajustado a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes vigentes.
El gremio logístico indica que la seguridad jurídica no es un concepto abstracto; es el pilar fundamental que sustenta la confianza de la inversión, tanto local como extranjera.
“Actuar de manera unilateral y arbitraria para rescindir un contrato legalmente establecido envía una señal alarmante a la comunidad internacional y a los inversionistas que han confiado en nuestro marco legal”.
Comunicado COEL pic.twitter.com/Y2lCHvH1hA
— COEL (@coelpty) August 23, 2025
Además, alertan que derogar el contrato de forma abrupta podría llevar a costosos arbitrajes internacionales, afectar negativamente el clima de negocios y poner en riesgo la estabilidad del país.
Precisan que la operación del Ferrocarril del Canal es un componente vital del engranaje logístico, que conecta las terminales portuarias en ambos océanos.
“Interrumpir o anular esta operación sin un proceso transparente y un análisis técnico y legal exhaustivo no solo afecta a una empresa, sino que desestabiliza toda la cadena de valor que genera miles de empleos y contribuye significativamente al Producto Interno Bruto”, alertaron.
En tal sentido, COEL considera que en lugar de acciones unilaterales que socavan la confianza, es fundamental que se establezca un diálogo constructivo y basado en la ley.
“Exhortamos a las autoridades a sentarse a la mesa con el sector privado para analizar el contrato en cuestión, identificar oportunidades de mejora dentro del marco legal existente y buscar soluciones que fortalezcan nuestra plataforma logística, en lugar de debilitar la imagen de Panamá".
