La Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a Luxemburgo y otros países europeos por legislaciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero y a las prácticas fiscales.
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. En el ordenamiento jurídico europeo, desde las instancias comunitarias se emiten Directivas, que luego son transpuestas por los países a su legislación nacional.
En este caso, la Comisión censura a Luxemburgo y a otros países del viejo continente, como Bélgica, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, Austria, Polonia y Reino Unido por haber transpuesto solo parcialmente la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales.
Anteriormente, la Comisión había enviado cartas de emplazamiento a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Países Bajos, Portugal y Rumanía porque no habían comunicado ninguna medida de transposición.
"La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y la seguridad en Europa. Los recientes escándalos de blanqueo de capitales han puesto de manifiesto la necesidad de normas más estrictas a escala de la UE. Las lagunas legislativas que existen en un Estado miembro repercuten en el conjunto de la UE. Por ello, las normas de la UE deben ponerse en ejecución y supervisarse de manera eficaz para luchar contra la delincuencia y proteger nuestro sistema financiero", señaló el organismo europeo en un comunicado.
Luego de la aprobación de la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales en mayo de 2018, los países tenían un plazo hasta el 10 de enero de 2020 para poner en ejecución las disposiciones de esta norma. "La Comisión lamenta que los Estados miembros en cuestión no hayan transpuesto a su debido tiempo la Directiva y los anima a que lo hagan urgentemente, teniendo en cuenta la importancia de estas normas para el interés colectivo de la UE".
El ejecutivo europeo también llamó la atención a Luxemburgo y a Portugal para que modifiquen su legislación por la que incorporaron otra Directiva, en este caso sobre la lucha contra la elusión fiscal. Al traspasar esa legislación a sus ordenamientos locales, se incorporaron algunas modificaciones que no se corresponden con la norma comunitaria. “Los respectivos actos legislativos nacionales van más allá de las exenciones permitidas y ofrecen una deducibilidad ilimitada de los intereses a efectos del impuesto sobre sociedades”, señaló la Comisión Europea.
