La Asamblea Nacional ha informado que aprobó un proyecto para “derogar” las dos leyes que otorgan créditos fiscales a los inversionistas hoteleros. Pero, en la práctica, no sería así.
La movida no tendría ningún resultado con respecto a los incentivos amparados en la Ley 122 de 2019 y la Ley 314 de 2022, en las que el Estado asume, a través de un sacrificio fiscal, entre el 60% y el 100% de la inversión en cualquier instrumento que se emita para financiar proyectos turísticos.
Melchor Herrera, diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), se jugó una mano de forma sagaz. Técnicamente, cumplió con la promesa del presidente Laurentino Cortizo de derogar ambas leyes y, al mismo tiempo, apoyó los intereses de los grupos empresariales que cuentan con la figura de los créditos fiscales para desarrollar sus proyectos.
Herrera presentó el proyecto de ley 888, con el cual se derogan las leyes 122 y 314. Sin embargo, el fondo de dichas normas y los beneficios fiscales que otorgan quedaron intactos.
“Blindaron los créditos fiscales e hicieron varios arreglos”, dijo el abogado Carlos Barsallo, excomisionado de la entonces Comisión Nacional de Valores.
A través del proyecto 888, aprobado en tercer debate el pasado 6 de octubre, se permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
El documento indica que con el fin de incentivar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de hospedaje público turístico o ampliaciones, se reconocerá como crédito fiscal el 60 % del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan maestro, más un 5 % del valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro, declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá.
Pero, además, se les reconocerá un crédito fiscal por el 100% del valor total del proyecto declarado a quienes cuenten con el respectivo estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para la emisión de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros, sean emitidos por la empresa turística o por una sociedad de inversión inmobiliaria, o con la resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Si me pregunta: ¿derogaron las dos leyes? En efecto, puedo decir que sí, pero es perverso lo que han hecho, porque en otros artículos está reproducido el efecto íntegro de las leyes derogadas, así que es una derogatoria inocua y falsa”, precisó Barsallo.
“En términos legales, podemos decir que se derogarían dos leyes, pero no se deroga nada”, sentenció el abogado.
Así las cosas y de acuerdo con el proyecto de ley recién aprobado, el promotor podrá conseguir el dinero a través del inversionista para hacer su infraestructura hotelera. Y el inversionista es compensado cuando la Dirección General de Ingresos reconoce el crédito fiscal a su favor.
Por otro lado, en el proyecto 888 se hicieron arreglos respecto al tipo de proyecto que puede aplicar a los incentivos, con el fin de limitar a los que tengan un carácter estrictamente residencial.
Se determinó que se podrán acoger al incentivo del crédito fiscal siempre y cuando se presente ante el Ministerio de Economía y Finanzas un plan de trabajo que confirme la fecha probable de inicio de obra, la potencial demanda laboral que se requerirá durante el proyecto y una declaración jurada que valide que la inversión sujeta al incentivo fiscal descrito no será utilizada para el desarrollo de proyectos residenciales de propiedad horizontal.
Con este cambio, se intentó dar lugar a las peticiones de grupos empresariales y de profesionales que alertaron inicialmente que las leyes aprobadas entre 2019 y 2022 no establecían controles para impedir que se beneficiaran proyectos residenciales sin ningún componente turístico.
Aunque tales cambios parecen ser accesorios, cuando se contextualizan con todo el contenido del proyecto de ley.
La supuesta derogatoria de las dos leyes sobre créditos fiscales nació originalmente como una propuesta del Ejecutivo y como una reacción tardía ante las reclamaciones de los últimos meses, marcadas por el descontento de la sociedad frente a los privilegios que se otorgan a ciertos sectores en el país, la corrupción y la inflación.
Pero el proyecto de ley del Ejecutivo, presentado por el ministro de Comercio, Federico Alfaro, quedó sepultado en la Asamblea Nacional, cuando cinco diputados oficialistas que forman parte de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional se encargaron de tumbar la iniciativa legislativa.
A cambió, los diputados oficialistas empujaron la aprobación del proyecto de Melchor Herrera, una suerte de criatura que aparenta estar alineada con la promesa de Cortizo, pero que realmente no cumple con lo que se prometió.
Ahora que el proyecto cruzó la frontera legislativa, al presidente Laurentino Cortizo le tocará sancionarlo o vetarlo. Y es en ese momento cuando se podrá determinar si la maniobra de los diputados fue un plan que se orquestó con el aval del Ejecutivo o se trata de dos agendas paralelas.
Barsallo considera poco probable que se registre un veto presidencial, porque lo que se ha hecho hasta la fecha representa una salida muy cómoda para todos.
