Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagó los últimos cheques a favor de Cobranzas del Istmo, la entidad contaba con informes sobre irregularidades en la gestión de la empresa, el contrato había sido declarado nulo por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), e incluso la Corte Suprema de Justicia había decretado su suspensión.
Según declaró el empresario Cristóbal Salerno, propietario visible de Cobranzas del Istmo, y sobre quien pesa una orden de casa por cárcel desde que fue indagado por este caso, la empresa recibió los últimos pagos de comisiones en diciembre de 2014 y enero de 2015. En total los desembolsos sumaron $7 millones.
El MEF asegura que los pagos posteriores a octubre 2014 corresponden a gestiones de cobro firmadas por Luis Cucalón que siguieron su trámite usual, incluyendo el refrendo por la Contraloría General de la República y el pago correspondiente una vez se cumplieron los requisitos que establece la ley. Por tanto, asegura que el Estado estaba obligado a pagar estas cuentas, como sucedió con Finmeccanica, IBT y la Ciudad de las Artes.
La entidad señaló que una vez que Publio Cortés asumió como director de la DGI no se autorizó ningún otro pago a favor de Cobranzas del Istmo y que, de hecho, hay gestiones de cobro pendientes de pago por $1.35 millón que no se pagaron porque no tenían el refrendo de la Contraloría General de la República, a diferencia de las anteriores.
Las explicaciones del MEF no han atenuado los cuestionamientos de una sociedad que cree que los pagos pudieron haber sido detenidos cuando se tuvo conocimiento de que las prácticas de la empresa eran irregulares.
