Cobranzas del Istmo, S.A.

Las contradicciones del MEF

El último pago a Cobranzas del Istmo se efectuó días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión provisional del contrato, pero el MEF no había sido notificado.

El MEF señala que las obligaciones habían sido adquiridas por el Estado luego de las autorizaciones de Luis Cucalón y que desde que entró Publio Cortés no se aprobaron nuevas órdenes de pago.  

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Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagó los últimos cheques a favor de Cobranzas del Istmo, la entidad contaba con informes  sobre irregularidades en la gestión de la empresa,  el contrato había sido declarado nulo por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), e incluso la Corte Suprema de Justicia había decretado su suspensión.
Según declaró el empresario Cristóbal Salerno, propietario visible de Cobranzas del Istmo, y sobre quien pesa una orden de casa por cárcel  desde que fue indagado por este caso, la empresa recibió los últimos pagos de comisiones en diciembre de 2014 y enero de 2015. En total los desembolsos sumaron $7 millones.
El último se produjo el 20 de enero, un día después de que el MEF presentara una querella penal contra Luis Cucalón, antiguo director general de Ingresos, por haber introducido una afirmación falsa en el contrato con Cobranzas del Istmo, firmado en agosto de 2010. Doce días antes la Corte Suprema de Justicia había decretado la suspensión temporal del contrato. No obstante, desde el MEF apuntaron que no fue hasta el 22 de enero cuando la entidad fue notificada. La Prensa había publicado la información sobre la suspensión del contrato el 14 de enero.
El MEF asegura que los pagos posteriores a octubre 2014 corresponden a gestiones de cobro firmadas por Luis Cucalón que siguieron su trámite usual, incluyendo el refrendo por la Contraloría General de la República y el pago correspondiente una vez se cumplieron los requisitos que establece la ley.   Por tanto, asegura  que el Estado estaba obligado a pagar estas cuentas, como sucedió con Finmeccanica, IBT y  la Ciudad de las Artes.
La entidad señaló que una vez que Publio Cortés asumió como director de la DGI no se autorizó ningún otro pago a favor de Cobranzas del Istmo y que, de hecho, hay gestiones de cobro pendientes de pago por $1.35 millón que no se pagaron porque no tenían el refrendo de la Contraloría General de la República, a diferencia de las anteriores.
Las explicaciones del MEF no han atenuado los cuestionamientos de una sociedad que cree que los pagos pudieron haber sido detenidos cuando se tuvo conocimiento de que las prácticas de la empresa eran irregulares.
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