El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, anunció que presentará en las próximas semanas una querella ante el Ministerio Público por la renovación del contrato a la empresa Panamá Ports Company (PPC), sin el refrendo requerido por ley.
Flores aseguró que corresponderá a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) determinar si ese contrato es ilegal y quiénes deben responder ante la justicia.
Según Flores, la renovación automática del contrato, realizada en junio de 2021, no fue refrendada por la Contraloría, como lo exige la ley.
Indicó que ese proceso debió pasar obligatoriamente por la Contraloría para validarse legalmente, lo cual no ocurrió.
“Eso tiene un nexo legal importante por falta de cumplimiento y por la forma en que se hizo”, aseguró el contralor en una entrevista en Telemetro Reporta.
Consideró que si no se cumplió con los procedimientos, hay un limbo legal que habrá que aclarar. “Pero, en mi concepto, la falta de refrendo es una violación importante a que esto siga adelante”.
Flores señaló que entre las personas que deberán explicar ante el Ministerio Público esta situación están exdirectores de la AMP y directivos de la empresa. “Son ellos quienes participaron activamente en la renovación y tendrán que explicar lo que pasó”, dijo. “Entonces, definitivamente esto no es una demanda civil. Este es un tema ya de orden penal y que expliquen cómo fue que alguien firmó o cómo renovaron esto de las formas que lo hicieron”.
Sobre la posibilidad de anular el contrato con Panamá Ports, el contralor dijo que es una decisión que tomará la Autoridad Marítima de Panamá en su directiva, con todos los elementos en la mesa.
“Sería como rectora del negocio portuario en Panamá. Les tocará a ellos, en la junta directiva, de la cual yo formo parte, sin voto, tomar la decisión en su momento”.
El contralor también cuestionó el uso de una auditoría realizada por la AMP en tres días, que validó el cumplimiento de los términos contractuales. Aseguró que esa auditoría fue sustentada de manera equivocada en un informe previo de la Contraloría, que en realidad señalaba “falencias e incumplimientos sustanciales” por parte de la empresa.
Ayer, la Contraloría informó que Panamá ha dejado de percibir unos 1,337 millones de dólares por los contratos suscritos entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), tras una desventajosa negociación del contrato de concesión suscrito con esta empresa.
Flores, durante una conferencia de prensa, reveló que el Estado solo percibió 483 millones de dólares, causándole un perjuicio al país de 853 millones de dólares.
