En medio de bajos ingresos tributarios y exagerados gastos corrientes, el gobierno de Laurentino Cortizo se ha garantizado la entrada de ingresos extraordinarios tras la aprobación del contrato minero justo en año preelectoral. El dinero no les podía llegar en mejor momento.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el contrato minero el pasado viernes 20 de octubre a las 11:15 a.m. Y ese mismo día el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley No. 406 que aprobó la concesión entre el Estado y Minera Panamá; y así terminó la ley publicada en la Gaceta Oficial No. 29894-A.
De acuerdo con lo acordado entre Minera Panamá y el Estado, en los próximos 30 días, la empresa deberá realizar los pagos iniciales para cubrir los impuestos y regalías hasta finales del año 2022, los cuales ascienden a aproximadamente $395 millones.
Esto corresponde a una especie de finiquito, vinculado al período fiscal que va entre el 22 y el 31 de diciembre de 2021 y todo el año 2022.
Además, deberá efectuar ciertos pagos correspondientes a los impuestos corporativos del año 2023, así como pagos trimestrales de regalías, todo dentro de un plazo de 30 días. “Se estima que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los $770 millones”, tal como lo reafirmó Tristan Pascall, CEO de First Quantum, el holding de Minera Panamá. Este fue parte de su discurso cuando comunicó el pasado 23 de octubre la entrada en vigencia de la Ley No. 406 de 2023 que aprueba el nuevo contrato de concesión.
“El pago acordado de $395 millones se paga al Tesoro Nacional. Los montos cobrados por regalía, impuesto sobre la renta, impuesto de remesa, impuesto complementario y dividendo deben aplicarse según la clausula de uso de fondos, cláusula trigésima novena”, dijo ayer 24 de octubre el Ministerio de Comercio e Industrias.
El nuevo contrato establece la creación del llamado Fideicomiso Conquista del Atlántico, con el cual supuestamente se velará por el uso condicionado de las regalías e impuestos que pague Minera Panamá.
Así, la inyección de ingresos provenientes de la industria minera, en pleno proceso electoral, ha posibilitado al gobierno de Cortizo asegurar recursos para la financiación de proyectos y la atención de demandas sociales que no hubiesen podido cubrir con los ingresos corrientes de este año.
La distribución de fondos será la siguiente:
50% de los fondos se asignará al Programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.
20% se asignará a aumentar las jubilaciones y pensiones a $350 mensuales,
25% se asignará a proyectos en los municipios de Donoso y Omar Torrijos en área de caminos, acueductos, electrificación, hospitales e infraestructura deportiva.
5% se destinará a la construcción y desarrollo del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas de clase.
Un dato importante en el artículo 39 del contrato minero revela que si los aportes anuales de la minera superan los $400 millones, el monto restante pasará al Tesoro Nacional. Es decir, a la cuenta común desde donde se financian gastos operativos e inversiones de todo el Estado.
Primera transfusión
En septiembre, el Gobierno aseguró una primera transfusión financiera de $500 millones, resultado de la venta de terrenos estatales a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
A tan solo ocho meses de las elecciones generales, la Asamblea Nacional de Panamá aprobaba un crédito adicional de $456 millones para el presupuesto del Estado. Estos fondos venían, precisamente, de la venta de tierras a la ACP, que ascendió a casi $500 millones, y fueron solicitados por el Ejecutivo a través de una resolución del Consejo de Gabinete.
Estos recursos se destinaron a 19 instituciones gubernamentales para hacer frente a pagos pendientes, situaciones de emergencia ambiental y diversas obligaciones, que incluyen desde subsidios de combustible hasta programas de asistencia social como el vale digital, además de inversión en publicidad estatal.
¿Por qué son tan relevantes estos ingresos extraordinarios?
Un informe preliminar de recaudación indica que los ingresos corrientes acumulados a septiembre 2023 totalizaron $5,530 millones. Esto representa un déficit de $116.9 millones comparado con el presupuesto, aunque en referencia con el año anterior muestra un aumento de $563.2 millones, de acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI).
La razón por la los ingresos corrientes están mejor que el año 2022 es por el pago que hizo la ACP. Pero al no ser una fuente constante de financiamiento, este tipo de ingresos no estarán siempre disponibles para financiar los gastos y mantener bajo control el déficit fiscal.
