La licitación para el suministro de alimentos en las seis cárceles de la provincia de Panamá, por un monto de 209.6 millones de dólares, se resolvió sin competencia ni pujas económicas: solo una empresa presentó oferta, la misma que ha concentrado este contrato durante los últimos 13 años. Se trata del Consorcio Alimentando Panamá.
La continuidad del proveedor se ha sostenido mediante sucesivas adendas contractuales y ajustes al alza en los precios, un patrón que vuelve a repetirse en un proceso marcado por la ausencia de rivales y la falta de alternativas en un negocio que mueve millones de dólares del erario público. Pero ¿qué empresas están detrás de este consorcio y quiénes son sus dueños?
El nombre del consorcio apareció por primera vez en 2012, cuando se le adjudicó el suministro de alimentos en las cárceles de Panamá y Colón. En ese momento, estaba conformado por la empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (Ibeaser), con una participación del 40 %, y por Juan Carlos Almansa Latorre, ciudadano colombiano, con el 60 % restante. Almansa figuró además como representante legal de Ibeaser.
En aquella ocasión, el contrato fue firmado por Jorge Ricardo Fábrega, entonces ministro de Gobierno. Actualmente, Fábrega se desempeña como asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino, y es considerado uno de sus colaboradores más cercanos.
En la nueva licitación, que concluyó a finales de 2025, el consorcio presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno (Mingob). El monto incorpora un incremento en el costo de la ración diaria completa (desayuno, almuerzo y cena), que pasó de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente.
Durante los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado más de 303.3 millones de dólares para la alimentación en siete centros penitenciarios, todos adjudicados al Consorcio Alimentando Panamá.
Caso Ecuador
En su perfil público de LinkedIn, Juan Carlos Almansa Latorre se identifica como representante legal y accionista mayoritario de Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A.S., una de las empresas que ha formado parte de la estructura del consorcio que concentra los contratos de alimentación penitenciaria en Panamá.
La empresa también ha quedado bajo escrutinio fuera del país por presuntas irregularidades en contratos de suministro de alimentos. En Ecuador, medios de comunicación como Primicias han documentado cuestionamientos en torno a un contrato adjudicado en 2024 por el gobierno del presidente Daniel Noboa al Consorcio Alimentando Ecuador, una contratación que generó críticas por la forma en que fue tramitada y por la limitada información pública sobre sus beneficiarios finales.
De acuerdo con los reportes periodísticos, el Consorcio Alimentando Ecuador está integrado por el Consorcio Alimentando Panamá (Conalipa), que posee el 80% de la participación accionaria, y por Huerta del Oriente, empresa de origen colombiano, con el 20% restante.
Ambas compañías están vinculadas a Almansa, y en el caso ecuatoriano las observaciones se han centrado en la opacidad del proceso de contratación y en la concentración de un negocio estratégico en empresas relacionadas entre sí.
Multas en Colombia
Con una trayectoria empresarial de varias décadas, Almansa ha desarrollado su actividad en el sector de la producción y el suministro de alimentos a gran escala, con énfasis en contratos institucionales. Su empresa matriz es Ibeaser, firma desde la cual se han gestionado múltiples contratos con el sector público en la región.
Según información divulgada por la propia compañía, Ibeaser ha mantenido vínculos comerciales con distintas entidades del Estado colombiano, entre ellas la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como cuerpos de seguridad como la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Esta relación sostenida con organismos estatales consolidó a la empresa como proveedor recurrente en sectores sensibles, como el sistema penitenciario y el abastecimiento a fuerzas militares.
No obstante, el historial empresarial asociado a Almansa también registra sanciones por parte de las autoridades colombianas. En agosto de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por 8,000 millones de pesos colombianos (unos 1.7 millones de dólares) a varias empresas vinculadas a la provisión de raciones militares, entre ellas Huerta del Oriente e Ibeaser, ambas relacionada con Almansa.
Posteriormente, en junio de 2022, el mismo organismo volvió a sancionar a Ibeaser, esta vez dentro de un grupo de empresas multadas con más de 28,000 millones de pesos colombianos (alrededor de 6.3 millones de dólares) por prácticas destinadas a eliminar la competencia en contratos de refrigerios escolares en Bogotá. Este caso fue descrito por medios colombianos como El Tiempo como parte de un entramado empresarial.
Dinámica parecida
En Panamá, la licitación tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. Potenciales competidores advirtieron que algunas especificaciones del pliego favorecían al Consorcio Alimentando Panamá. Aunque 15 empresas participaron en el proceso de homologación, solo una presentó una propuesta final.
Uno de los principales reclamos se centró en el criterio de evaluación de la experiencia, ya que el pliego establecía que esta solo podía acreditarse mediante un máximo de tres contratos. El punto crítico era que al proveedor actual se le reconocía la experiencia de un solo contrato que abarcaba los seis centros penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las que fue contratado.
En la práctica, esta exigencia limitó cualquier competencia real, pues resultaba poco probable que otro oferente pudiera presentar un contrato único que cubriera tantos recintos penitenciarios, colocándolos en una clara desventaja frente al operador histórico.
