Los procedimientos excepcionales de contratación han comenzado a encender las alarmas. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, ha advertido en diversas intervenciones en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que estos mecanismos, concebidos para atender situaciones extraordinarias, se están utilizando con una frecuencia que excede su propósito original.
A su juicio, esta práctica, que implica prescindir de procesos de licitación competitiva con múltiples participantes, no solo desnaturaliza su carácter excepcional, sino que también debilita los controles y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
No obstante, la interrogante persiste: ¿cuál es la realidad en la actual administración en comparación con la anterior? La respuesta a esta pregunta resulta clave para determinar si se trata de una práctica heredada que se mantiene o de un uso que se ha intensificado en el contexto político actual.
Las estadísticas
Al desglosar las cifras disponibles en el portal Panamá Compra, se observa un cambio significativo en el ritmo y volumen de los contratos excepcionales. Entre julio de 2019 y junio de 2024, un periodo de cinco años, se registraron 14,989 contrataciones bajo este mecanismo, que sumaron $3,170 millones.
Sin embargo, con la llegada de este Gobierno, entre julio de 2024 y septiembre de 2025 —apenas 15 meses— ya se contabilizan 4,110 contratos excepcionales por $1,237 millones.
El promedio de contrataciones de este tipo, por año, durante el gobierno pasado fue de 2,997.
Entre los contratos excepcionales de mayor cuantía aprobados por la actual administración figuran la adquisición de dos aeronaves CASA C-295, por un monto de $109.2 millones, así como el suministro de cuatro aeronaves A-29 Súper Tucano, por $76.3 millones. Ambos procesos corresponden al Ministerio de Seguridad, lo que los sitúa entre las contrataciones más relevantes gestionadas bajo este mecanismo.
También figuran la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, en el tramo Santiago-David, que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas por $50.1 millones, así como el servicio de rehabilitación de los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, ubicados en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá, a cargo del Ministerio de Gobierno por $39.1 millones.
En el caso del Ministerio de Educación, se desarrollan proyectos como el diseño, desarrollo, aprobación de planos y construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Educación Integral Puerto del Mar, ubicado en la provincia de Panamá Oeste, distrito de La Chorrera, por un monto cercano a los $24 millones. A este se suma el proyecto del Centro de Educación Integral Hacienda Santa Cecilia, en el corregimiento y distrito de Chepo, provincia de Panamá, también por un monto similar.
La propuesta
Frente a este escenario, la diputada de Vamos Yamireliz Chong presentó una propuesta de ley que busca restringir el uso de los procedimientos excepcionales.
Según la iniciativa, este mecanismo debe aplicarse únicamente cuando, por razones objetivas y verificables, no sea posible o conveniente realizar un proceso competitivo. Sin embargo, la práctica reciente —advierte— ha desbordado ese marco, convirtiendo lo excepcional en una vía recurrente dentro de la administración pública.
El documento plantea que esta expansión se ha sustentado, en gran medida, en la invocación de causales amplias y de interpretación flexible, como la “importancia estratégica para el desarrollo nacional”. Bajo ese paraguas, se han adjudicado contratos de alto impacto económico sin la debida concurrencia de oferentes, lo que debilita principios esenciales como la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
A ello se suma, según el anteproyecto, la aparición de prácticas administrativas no contempladas en la ley, como la elaboración de documentos que sustituyen o simulan el análisis de mercado. Este requisito es clave para justificar la razonabilidad técnica y económica de las contrataciones, por lo que su omisión o distorsión no solo contraviene el marco legal vigente, sino que introduce opacidad en los procesos y amplía el margen para decisiones discrecionales que podrían afectar el interés público.
Aunque el Texto Único de la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas establece la obligación de realizar análisis de mercado y procurar la pluralidad de propuestas, incluso en procedimientos excepcionales, Chong advierte que la falta de estándares técnicos mínimos, la limitada exigencia de publicidad previa y la debilidad de los controles han permitido desviaciones en su aplicación.
La iniciativa legislativa propone restablecer el carácter restrictivo del procedimiento excepcional mediante el fortalecimiento de los controles, la transparencia y la rendición de cuentas. Entre las medidas planteadas se incluyen la fijación de estándares técnicos obligatorios para los análisis de mercado, la ampliación de la publicidad previa, la delimitación más precisa de las causales —especialmente las vinculadas al interés estratégico— y la incorporación de sanciones y nulidades en casos de incumplimiento.
