La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (SUTEL) rechazó la fusión entre las empresas de telecomunicaciones Liberty y Tigo debido a que podría tener efectos negativos sobre el mercado, la competencia y los consumidores, algo que lamentaron este jueves las compañías.
“Lamentamos profundamente este resultado. Estamos convencidos que la transacción sí habría fortalecido la competitividad del mercado y acelerado la expansión de redes de nueva generación, beneficiando directamente a los usuarios y al ecosistema digital de Costa Rica. En este momento, nos encontramos evaluando los próximos pasos a seguir”, dijo en un comunicado el director de Comunicaciones de Liberty Costa Rica, José Pablo Rivera.
Rivera aseguró que Liberty, que brinda en Costa Rica servicios de internet, telefonía móvil y televisión, continuará su expansión de las redes de 5G Standalone, la fibra óptica y las soluciones de internet para casas y empresas. Tigo ofrece en el país servicios de televisión por cable e internet.
El Consejo de la SUTEL, mediante una resolución notificada el miércoles, resolvió prohibir la concentración económica entre las empresas LBT CT Communications S.A. (Liberty) y Millicom Spain S.L. (Tigo), al rechazar un recurso de reposición presentado por ambas compañías contra la decisión de primera instancia emitida el 10 de septiembre pasado.
“Se determinó que la procedencia de la transacción aumentaría significativamente el nivel de concentración, generando una posición dominante de las empresas en los principales mercados de telecomunicaciones fijas del país, lo que podría reflejarse en un incremento de precios, disminución en la innovación, reducción en la calidad de los servicios y la ampliación de la brecha digital, afectando directamente los intereses de los usuarios”, expresó la SUTEL.
La Superintendencia indicó que ante este escenario, se requería que las empresas involucradas “propusieran condiciones que pudieran contrarrestar estos efectos negativos”, pero los compromisos propuestos por ambas compañías no fueron suficientes para eliminar los efectos sobre la competencia y los consumidores.
“La actuación de SUTEL responde a un mandato legal de protección de la sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones y del interés público. Autorizar la concentración podría generar daños irreversibles en la estructura del mercado, provocar incrementos de precios y así impactar negativamente a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, el presidente del Consejo directivo de SUTEL, Federico Chacón.