El costo de la deuda acapara más fondos del presupuesto estatal año con año. Para este 2024, sólo en el servicio de la deuda se irá el 18% del presupuesto. En otras palabras, el Gobierno tendrá que usar 18 de cada 100 dólares que gastará pagando intereses y comisiones de los préstamos en curso.
Si bien, no toda la deuda se le puede achacar a la administración del presidente Laurentino Cortizo, un repaso histórico de las tendencias dan cuenta de que ha sido su administración la que ha elevado más aceleradamente tanto el monto de la deuda como el déficit fiscal.
En 2004, hace casi 20 años, Panamá destinó al servicio de la deuda unos 675 millones, cifra que se fue incrementando en concordancia con el aumento de la deuda con el pasar de los años. Diez años después, el servicio de la deuda se tradujo en un desembolso de $859 millones en 2014 y otros $949 millones en 2015, cuando se cifró la deuda pública neta en $18,997 millones, traducidos en 35.12% del PIB en ese entonces.
En 2018 se pagaron $1,167 millones en el servicio de la deuda, y un año después, en 2019, se pagaron $1,284.41 millones. Con lo anterior queda plasmado que tomó 15 años duplicar el monto pagado por el costo de la deuda.
Esa tendencia se aceleró con la pandemia, cuando en 2020 se pagaron $1,459.94 millones en el servicio de la deuda, en 2021 fueron $1,619 millones; en 2022 $2,197.08 y en 2023 se pautaron otros $2,366.24 millones. Y para el próximo año serán $5956 millones solo en este rubro.
En retrospectiva, en 2024 se pagarán cinco veces por el servicio de la deuda que en 2019, es decir, esta administración quintuplicó el monto a pagar el próximo año, cuando doblarla tomó anteriormente 15 años.
Si bien el análisis de la deuda no se puede reducir al pago de la misma, este es un buen indicativo para introducir un problema mayor: ¿Qué tan sostenible es este ritmo de endeudamiento a corto, mediano y largo plazo?
El Ministerio de Economía y Finanzas repite el argumento con el que ha justificado todos los préstamos y presupuesto desde que tomó posesión Cortizo: “una política social y anticíclica” con la cual se precia el gobierno de haber enfrentado la pandemia. Sin embargo, para estar pagado cinco veces más de lo que pagaron cuando entraron al Palacio de las Garzas, los resultados no sobresalen con la misma agresividad.
Se enviaron preguntas al MEF acerca del agresivo ritmo de endeudamiento y su sostenibilidad, pero al cierre de esta nota no se recibieron las respuestas.
Contrario a la narrativa oficial, el economista Ernesto Bazán piensa que el gobierno mezcla verdades con mentiras. “Es correcto aplicar una medida anticíclica, pero no de gastos sino de inversiones”, lo que significa que cuando exista una contracción de los ingresos -como pasó durante y después de la pandemia- no se debe gastar mas. Eso, dijo Bazán, “es irresponsable, técnicamente ineficiente e ineficaz”. Lo que se debió hacer era aumentar inversiones, que son las que generan empleo.
En un análisis más macro, Bazán aclaró que no se debe satanizar la deuda, que bien llevada ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, pero niega que este haya sido el objetivo del Gobierno al endeudarse.
¿Para qué necesitan los funcionarios vehículos de lujo, consultorías innecesarias, viajes en primera clase, millones en publicidad estatal, diseño de logotipos y nuevas oficinas?, preguntó, al tiempo que lamentó la oportunidad perdida de canalizar la deuda adquirida en prioridades como la construcción de hospitales, salud, educación digna o acceso a agua potable.
En esa línea, el Gobierno destinó gran parte de la deuda a dar subsidios durante la pandemia, algo que Bazán -sin demeritar- dice que solo garantizó la subsistencia de la población, no así la dinamización, por lo que se convirtió en un gasto, no una inversión.
Este ritmo de endeudamiento es insostenible de acuerdo al economista Luis Morán, porque un mayor nivel de endeudamiento obliga a los países, en este caso a Panamá, a destinar más recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
Y esto ya está pasando factura. Morán ve un escenario actual donde los compromisos financieros, actuales y futuro, estarán comprometidos para las próximas administraciones de gobierno, afectando especialmente el gasto e inversión pública. Menos dinero para el gasto social para pagar más deuda: una verdadera bomba de tiempo.
“El caso Panamá refleja que el aumento del nivel de endeudamiento es para cubrir el Presupuesto del Estado, que posee fallas de diseño y evaluación, así como también de asignación, al haber instituciones públicas con mayor presupuesto que no necesariamente se traduce en más trabajos, confianza o resultados”, planteó Morán.
El presupuesto 2024 tiene lo que Bazán llama un “déficit estructural”, es decir un déficit que no corresponde a una situación coyuntural, sino que se hace por inercia para justificar gastos innecesarios. “Esa es una estructura muy difícil de cambiar” alertó. Y en concordancia con Morán y otros economistas, Bazán también dice que la próxima administración heredará unas finanzas desbalanceadas y con un déficit fiscal que, como una cadena sin fin, genera mayor deuda y mayores intereses, reduciendo el compás de inversión social.
El saldo de la deuda pública neta a junio fue de $45,736.96 millones. En tan solo cuatro años este gobierno aumentó en $14,718.49 millones la deuda, un promedio de casi $3,680 millones por año, sin contar el costo de financiamiento que esta arrastra, ahora presa de un contexto mundial de tasas al alza e incertidumbre creciente, donde la cautela y el ahorro deberían ser primordiales.
