Su presidente está detenido en Brasil acusado de liderar supuestamente un cartel de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que está zarandeando a la misma presidenta Dilma Rousseff; las agencias internacionales de calificación de riesgo han rebajado la nota de la compañía; y varios países de la región revisan los contratos asignados a la constructora.
No obstante, en Panamá la fortuna sigue sonriendo a Norberto Odebrecht.
Ayer, la Contraloría General de la República anunció el refrendo de un nuevo contrato en el que participa la constructora brasileña (en esta ocasión en consorcio con la panameña Cusa) para la renovación urbana de Colón.
Este contrato —$569 millones—, y el de la segunda línea del Metro de Panamá —$1,857 millones—, elevarán la cartera de proyectos en los que participa Odebrecht en el país por encima de los $9 mil millones.
Para Carlos Gasnell, presidente ejecutivo del capítulo panameño de Transparencia Internacional, “seguir contratando con empresas que están siendo investigadas como parte de la trama de corrupción en Petrobras, es un riesgo para cualquier país. Es necesario encontrar las fórmulas jurídicas para evitar que empresas sobre cuyos gerentes y/o dueños pesan cargos y detenciones por temas de corrupción, porque hay importante evidencia en su contra, puedan resultar beneficiadas con licitaciones”.
Por su parte, el excontralor Jose Chen Barría, uno de los ciudadanos que había solicitado a la Contraloría no aprobar contratos en los que fuera parte la empresa Norberto Odebrecht, dijo ayer que con el refrendo se envía un mensaje distorsionado a la sociedad. “No cuestiono la capacidad técnica que pueda tener la empresa para hacer un proyecto... El problema es que estamos contratando con una empresa que está acusada de corrupción y lavado de dinero. Eso, para mí, moral y éticamente la inhabilita”.
Revisión del contralor
La Contraloría General de la República expuso ayer en un comunicado que “el refrendo se da luego del correspondiente análisis y revisión, especialmente a través de las direcciones de Asesoría Económica, Asesoría Jurídica, Fiscalización y de Ingeniería”.
El contrato, que será pagado entre 2015 y 2018 con cargo al presupuesto general del Estado, incluye una fianza de cumplimiento por $113.8 millones para garantizar la ejecución y correcta culminación del proyecto. También contempla una fianza de anticipo por $53.8 millones, correspondiente al 100% de la suma anticipada.
“Estoy seguro de que la Contraloría revisó punto por punto todos los aspectos del contrato”, dijo el viceministro de Vivienda, Jorge González. Defendió el contenido del proyecto al señalar que desde la presentación de propuestas hubo transparencia para desarrollar la obra, que incluye la renovación del casco antiguo y la construcción de 5 mil viviendas en Colón.
Aunque no reveló cuándo se entregará la orden de proceder, González dijo que será “en los próximos días, toda vez que es un contrato que además de ser impulsado por el Gobierno tendrá un gran impacto en la economía del país y de Colón”.
