Varios de los aspectos que provocan la presencia del país en listas internacionales y la consecuente pérdida de competitividad para atraer inversión extranjera directa están vinculados a un deficiente funcionamiento del engranaje institucional del país.
Este fue uno de los principales argumentos planteados el miércoles 19 de octubre en el foro “Impacto de las listas restrictivas sobre la libertad económica y empresarial de Panamá”, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Un elemento que lastra la competitividad de Panamá tiene que ver con un sistema de justicia poco efectivo, que se traduce en la ausencia de certeza de castigo.
En esto coincidieron los dos expositores del foro, el abogado Camilo Valdés y el presidente del capítulo panameño de World Compliance Association, Tabaré Albarracini.
Albarricini dijo que la falta de certeza de castigo se refleja en el ámbito judicial en los casos de alto perfil, pero también en otras esferas, como por ejemplo cuando no se cumplen las leyes y las regulaciones del régimen de prevención de blanqueo de capitales, porque en última instancia lo que ocurre es que se aprueban muchas leyes que al final no se cumplen.
La presencia del país en las listas tiene repercusiones directas, como la pérdida de reputación o la dificultad para hacer transacciones y negocios, factores que se traducen en la pérdida de competitividad para la atracción de inversiones.
Para Valdés, el hecho de que Panamá obtenga malas calificaciones en mediciones sobre cumplimiento de contratos y sobre el desempeño del órgano judicial desincentiva las inversiones.
“Nadie en su sano juicio, que sea una empresa seria, va a querer invertir en Panamá cuando sale como un país donde no se cumplen los contratos y el que dirime los conflictos entre particulares también sale mal calificado”, sostuvo.
El abogado se refirió también a una estrategia errática desde hace años. Por ejemplo, dijo que el manejo de las políticas de transparencia financiera ha ido pasando por varias instituciones del Gobierno, principalmente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, donde recae la responsabilidad actualmente.
En la misma línea, cada Gobierno ha ido cambiando al equipo técnico que representa al país ante los organismos internacionales, lo que hace que se pierda continuidad en las políticas y se requiera una curva de aprendizaje en cada cambio de administración.
Otro aspecto que tiene que ver con fallas en el engranaje institucional es la permanencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro del Ministerio de Presidencia.
“Soy de la teoría de que la UAF tiene que ser una unidad de inteligencia independiente”, donde se nombre a las personas por capacidad técnica y no por afinidad política, para poder hacer los análisis pertinentes, comentó Albarracini.
Esta semana, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) celebra en París la tercera y última plenaria del año, en la que Panamá conocerá un nuevo resultado sobre su progreso en el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales.
En las últimas plenarias, el GAFI había instado a Panamá a completar el plan de acción, que aún tiene 4 acciones pendientes, de un total de 15.
Según la evaluación del pasado mes de junio, el país debe aún asegurar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas ante infracciones en materia de lavado de activos; garantizar que exista información actualizada y verificada de los beneficiarios finales de las entidades obligadas, así como el acceso oportuno a la misma por parte de autoridades competentes; y demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales en el extranjero.
Para Valdés, además de fortalecer la institucionalidad para cumplir los compromisos adquiridos, se debe hacer una defensa de los intereses del país, señalar decididamente las irregularidades que cometen otros países y promover que el foro donde se discutan los asuntos sobre tributación internacional sea la Organización de Naciones Unidas (ONU) y no la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ni la Unión Europea (UE).
En el evento también quedó constancia de la creciente carga de trabajo y documentación que se requiere al sector privado, sin que se haya conseguido por el momento el objetivo de salir de las listas.
Para Albarracini, en última instancia, “está en nosotros, como sociedad, cerrar la brecha de la corrupción, que es lo que nos va ayudar a salir de las listas y no volver a ingresar”.
A su juicio, la única forma de evitar ser incluidos nuevamente una vez que se logre salir es que “las políticas que implementemos las cumplamos de verdad como sociedad, tanto el sector público como el privado, porque estamos convencidos de que es el camino correcto y no porque sea un requisito para salir de las listas”.
