El déficit del sector público no financiero cerró 2019 en $2,100 millones, cifra que equivale al 3.1% del producto interno bruto (PIB) y que está dentro del límite de 3.5% o $2,340 millones establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, luego de un cambio a la ley introducido por la actual administración que elevó de 2% a 3.5% el tope de déficit para este año.
El déficit, publicado este 6 de febrero por el Ministerio de Economía y Finanzas, se produce cuando los gastos del sector público son mayores a los ingresos. En 2019, el déficit fue $827.1 millones o 64.9% superior al ejercicio anterior, como consecuencia de la caída de los ingresos y el aumento de los gastos. En concreto, los ingresos totales del sector público no financiero llegaron a $12,285 millones, es decir, $582 millones o 4.5% menos que en 2018. Por su parte, los gastos totales sumaron $14,386 millones, aumentando $244 millones o 1.7% respecto al 2018.
Dentro de la composición del gasto, los desembolsos efectuados por el Gobierno para cubrir las operaciones del aparato estatal llegaron a $10,820.2 millones, un 7.3% más que el año anterior. Mientras tanto, las inversiones o gasto de capital, llamadas a generar un mayor dinamismo en la economía, totalizaron $3,566 millones, un 12.2% o $493.9 millones menos que durante 2018.
La diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes generó un ahorro de $1,472 millones, cifra que representa un descenso de $1,303 millones respecto al año anterior. En sus intervenciones públicas, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha advertido de la importancia de generar mayores niveles de ahorro para costear las inversiones y reducir la exposición a la deuda.
Las necesidades de financiamiento del Ejecutivo están marcadas por el déficit del Gobierno Central, que el año pasado fue de $2,504 millones o 3.75% respecto al PIB.
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló en un comunicado que como parte de la estrategia financiera del Gobierno se efectuaron “ajustes al presupuesto de la Nación para hacerlo viable y mejorar la capacidad de ahorro del sector público. Igualmente, incluyó priorizar el gasto público para aumentar la calidad y cobertura de los servicios públicos, apoyar con presupuesto las diferentes regiones del país, el ordenamiento y cancelación de las obligaciones por pagar y una política anticíclica para impactar favorablemente a la economía”.
