Hace un año, el Gobierno de Laurentino Cortizo anunciaba que los ingresos corrientes del mes de noviembre habían registrado un superávit de 25 millones de dólares, alcanzando un total de 7,295 millones de dólares, cifra que representaba el fin de una tendencia negativa registrada en el recaudo tributario.
El incremento en la recaudación no fue producto de un mayor cumplimiento de los contribuyentes, sino de la inclusión de 567 millones de dólares que había adelantado Minera Panamá como parte del aporte que daría la empresa por la firma del contrato para continuar con la extracción de cobre, oro y plata en Donoso, Colón, y que, a la postre, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Adicionalmente, el Estado había recibido otros 500 millones de dólares por la venta en agosto de 2023 de terrenos a la Autoridad del Canal de Panamá. La incorporación de ambos ingresos no recurrentes en el balance impulsó la recaudación tributaria, una jugada que no fue bien percibida por las calificadoras de riesgo, que vieron en la movida financiera una alternativa empleada por la administración Cortizo para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fijaba un tope del déficit del 3%.
Ahora, un año después, se percibe el impacto que dejó la inclusión de ambos ingresos no recurrentes en la recaudación de impuestos. La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que, entre enero y noviembre de 2024, se recaudaron 6,133 millones de dólares en concepto de ingresos corrientes, una diferencia negativa de 798 millones de dólares en comparación con la cifra reportada en el mismo periodo del año pasado.
El déficit se incrementa al revisar la cifra que el gobierno anterior había estimado para los 11 primeros meses de este año, que alcanzaba los 7,904 millones de dólares, dejando un saldo negativo de 1,771 millones de dólares.
Del monto total recaudado hasta el mes de noviembre, 4,708 millones de dólares corresponden a ingresos tributarios, como el Impuesto sobre la Renta, mientras que en ingresos no tributarios se percibieron 1,397 millones de dólares, en gran parte relacionados con aportes del Canal de Panamá y pagos por concesiones estatales.
Adicional, hay otros ingresos por un monto de 27 millones de dólares.
Precisamente, el incremento en el déficit llevó a la calificadora de riesgo Moody’s Ratings a cambiar de estable a negativa la perspectiva de la economía panameña para los próximos 12 meses a finales de noviembre pasado.
Aunque la firma no alteró la calificación del país, manteniéndola en Baa3, Moody’s señaló que “la perspectiva negativa refleja un deterioro mayor al esperado del saldo fiscal en 2024 y obstáculos significativos para lograr una rápida consolidación fiscal, lo que apunta a riesgos de que los indicadores de deuda soberana y de asequibilidad de la deuda se debiliten materialmente”.
Recientemente, Fitch Ratings confirmó que la débil posición fiscal del país fue uno de los elementos clave que llevaron al retiro del grado de inversión en marzo pasado.
La caída de los ingresos y el aumento del gasto hicieron que el déficit fiscal de Panamá durante los primeros nueve meses de 2024 (7.1% del PIB) superara el de cualquier año anterior, incluidos los de la pandemia, indican los analistas de Fitch, quienes proyectan que el déficit fiscal de todo el año alcanzará el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), con un amplio margen de incertidumbre dependiendo de cuánto de un gran stock de atrasos puedan liquidar las autoridades y del resultado de una amnistía fiscal.
Ante este escenario, Esteban Tamayo, economista principal para Centroamérica y países andinos de Citi, comentó que es importante comenzar a analizar la posibilidad de realizar una reforma fiscal con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado. Señaló que Panamá recibe más ingresos no tributarios por fuentes alternas como el Canal que por ingresos tributarios, destacando que este es un caso único en Latinoamérica.
Agregó que Panamá tiene una de las cargas impositivas más bajas de la región, lo que le ha permitido atraer importantes flujos de Inversión Extranjera Directa y de inversionistas que deciden radicarse en el país. Tamayo considera que el país tiene margen para realizar una reforma fiscal sin correr el riesgo de perder sus ventajas competitivas frente a otros países de la zona.
Para el analista de Citi, es prioritario que el Gobierno ejecute un plan de comunicación para explicar a la población y a los inversionistas la necesidad de implementar un cambio fiscal con el fin de evitar manifestaciones como las acontecidas a finales de 2023 en rechazo del contrato minero.
Moody’s considera que es importante que las autoridades “gestionen eficazmente el gasto para cumplir con la meta de reducción del déficit del próximo año. Sin embargo, advierte que se deben revisar las rigideces presupuestarias asociadas a factores legales, ya que estas podrían limitar severamente los esfuerzos de consolidación fiscal de las autoridades en los años siguientes”.
Para el economista Carlos Araúz, el tema no es solo imponer tasas o gravar nuevos servicios, ya que, en su opinión, “se requiere de un estudio integral, una propuesta holística que abarque cómo tributamos, cómo fiscalizamos y qué esfuerzos están haciendo para recaudar”.
Aunque reconoce que es un tema que se debió abordar por lo menos hace 8 años, señala que la coyuntura actual no es la más indicada para proponer un ajuste tributario, pero sí considera que es un tema que debe incluirse en la agenda de los próximos 5 años.
“Panamá requiere una reforma fiscal tributaria moderna que no se circunscriba solo a cobrar impuestos. La reforma fiscal tributaria debe abarcar la modernización del sistema, la tecnificación, digitalización y poderes mucho más abarcadores para la DGI, que permitan precisamente cobrar impuestos de manera coactiva. Y eso, obviamente, de la mano de una revisión profunda de exoneraciones, del sistema de subsidios y demás”, explicó.
Inspección y multas
El presidente José Raúl Mulino informó que la DGI ha impuesto multas por 468 mil dólares debido a la negativa de los comercios a entregar la Factura Fiscal a los clientes, donde se contempla el pago del ITBMS o 7%, en el cual se concentra la mayor evasión.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que las estimaciones apuntan a una evasión del 7%, cercana a los 1,500 millones de dólares, cifra que se aproxima a los 1,771 millones de dólares del déficit fiscal registrado hasta noviembre pasado.
Mulino indicó que existe una cultura generalizada en los comercios de no entregar la Factura Fiscal y mencionó que, en dos ocasiones, siendo ya presidente de Panamá, le han preguntado si quería que se le emitiera dicho documento.
El mandatario adelantó que, para mejorar la inspección tributaria, la DGI se apoyará en los inspectores de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para que los comercios cumplan con la normativa.
Actualmente, la DGI cuenta con 15 inspectores, y se espera que en el corto plazo este número aumente a 50. De acuerdo con Mulino, cuando su administración asumió el gobierno, la DGI solo contaba con 4 inspectores.
Mejorar la recaudación fiscal a través de la entrega masiva de facturas fiscales es uno de los caminos que pretende seguir el Gobierno para aumentar la captación de impuestos. A pesar del optimismo del Gobierno, para Fitch es poco probable que se logre una mejora significativa en el corto plazo, debido a que la recaudación tributaria de Panamá ha tenido un desempeño inferior al crecimiento económico durante mucho tiempo, cayendo del 10.3% al 7.7% del PIB en la década hasta 2023.
“Las autoridades esperan que sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal reviertan esta tendencia. Los esfuerzos anteriores no lo han logrado, incluida la facturación electrónica y la penalización de la evasión fiscal. El desempeño fiscal deficiente de Panamá también refleja que los sectores que impulsan el crecimiento de su PIB tienen el tratamiento fiscal más favorable, por lo que abordar esto también puede requerir legislación”, opinan los analistas de Fitch.
Araúz señala que es importante replantear cómo encajan las zonas francas y los regímenes especiales en la coyuntura actual, además de evaluar la posibilidad de que el país se alinee con los estándares fiscales internacionales, como el World Tax o la imposición de un 15% a todas las empresas que están ya alineadas con la mejor práctica a nivel global.
“Definitivamente, es necesaria una reforma fiscal tributaria para poder cumplir, principalmente, con las metas del país; pero también debe ir de la mano con la austeridad y una planificación orientada a la modernización del Estado que permita una mayor eficiencia”, acotó el economista.
