Hace 10 años, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela, Panamá emitió el bono global 2025 por 1,250 millones de dólares. La colocación fue bien recibida por el mercado internacional, al lograrse una tasa de 3.8%, una de las más bajas en el historial de emisiones de deuda del país hasta ese momento.
Transcurrida la década, Panamá —cuya economía no atraviesa su mejor momento— tuvo que hacer frente al pago total de esa emisión en marzo pasado.
Incluyendo el vencimiento de los bonos 2025, el país desembolsó en marzo un total de 1,809 millones de dólares en concepto de intereses, comisiones y capital de todos sus compromisos financieros, una cifra que supera el costo de construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, sin incluir el financiamiento de la obra.
Al revisar el balance del primer trimestre, el servicio de la deuda —como se le conoce al pago de intereses, comisiones y abono de capital— alcanzó los 2,728 millones de dólares.
Para dimensionar el peso de la deuda acumulada en los últimos años, el monto destinado al servicio de la deuda entre enero y marzo supera los 2,470 millones de dólares que entregó el Canal de Panamá al Estado en 2024 en concepto de excedentes por su operación.
A pesar de los pagos realizados en marzo, el saldo de la deuda cerró el primer trimestre en 54,617 millones de dólares, lo que representa una leve disminución de 62 millones en comparación con el mes anterior. No obstante, en comparación con el saldo registrado en marzo de 2024, destaca un incremento de 4,848 millones de dólares.
El año pasado, el saldo total de la deuda del país aumentó en 6,848 millones de dólares, alcanzando los 53,736 millones de dólares. El mayor incremento, de 4,787 millones de dólares, se registró en la primera mitad del año, coincidiendo con los últimos seis meses del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo.
Los 2,053 millones de dólares restantes corresponden a la gestión de José Raúl Mulino, la mayoría colocados en el mercado local y provenientes de financiamientos bancarios, como el firmado con JP Morgan por mil millones de dólares.
Durante la administración Cortizo, la deuda total del país creció en 25,200 millones de dólares, un aumento del 94.6%, ya que en junio de 2019 el saldo era de 26,612 millones de dólares. Este incremento, en medio de una caída en los ingresos, llevó a Fitch Ratings a retirarle el grado de inversión a Panamá en marzo pasado.
Más deuda
La razón por la cual el saldo total en marzo no disminuyó en concordancia con el monto pagado ese mes es que, en paralelo, se hizo efectivo el desembolso del préstamo firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con Bank of America Merrill Lynch por 1,292 millones de dólares.
En su momento, el MEF informó que dicho préstamo con la entidad bancaria estadounidense se utilizará para cubrir parcialmente las necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 y las futuras vigencias fiscales.
El préstamo tiene un vencimiento de dos años y cuenta con una tasa de interés anual basada en el EURIBOR a seis meses —que al momento de la firma se cotizaba en aproximadamente 2.35%— más un margen de 2.11%, resultando en una tasa total de 4.46%.
“Este acuerdo representa un ahorro de 1.91% en comparación con un préstamo en dólares estadounidenses, demostrando la eficiencia, prudencia y agilidad en la gestión financiera del país”, aseguró el MEF.
El préstamo firmado con Bank of America Merrill Lynch fue el primero de una serie de líneas de crédito que Panamá tiene previsto suscribir este año con bancos privados, luego de que el Consejo de Gabinete autorizara al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a firmar préstamos bancarios por hasta 6,000 millones de dólares, con el fin de cubrir el faltante entre los ingresos y gastos del país.
Además de los fondos desembolsados por Bank of America Merrill Lynch, en marzo también ingresaron a las cuentas del Estado otros 8.5 millones de dólares para financiar la continuación del proyecto de Gestión de Aguas Residuales para Burunga y Arraiján Cabecera, la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá y el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Estos fondos fueron aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, respectivamente.
Durante ese mismo mes, el Gobierno también continuó con su estrategia de financiamiento en el mercado local, colocando 99.9 millones de dólares en Letras del Tesoro y 53.4 millones de dólares en Notas del Tesoro.
El MEF tiene autorización para emitir Letras del Tesoro por un monto de hasta 3,000 millones de dólares, con el objetivo de financiar las necesidades estacionales del flujo de caja. Recientemente, se informó que el Gobierno cancelará la deuda con los bancos participantes del Régimen de Intereses Preferenciales Hipotecarios mediante los fondos obtenidos con estas Letras del Tesoro.
Estas letras serán transferidas a los bancos a través de la Cuenta de Inversión y Custodia de Valores del MEF en el Banco Nacional de Panamá, bajo la misma serie y vencimiento correspondiente a la subasta de cada mes.
Sube el riesgo de Panamá
Para el economista Fernando Aramburú Porras, la decisión del Gobierno de financiarse en el mercado local y con préstamos bancarios privados responde a los altos márgenes que actualmente enfrenta la deuda panameña, así como a la volatilidad en el mercado internacional de bonos, acentuada por la política económica que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con el EMBI (Emerging Markets Bond Index), índice creado por JP Morgan para medir el riesgo país de economías emergentes, entre finales de 2024 y abril de 2025 el riesgo de Panamá se elevó 16 puntos, alcanzando los 319 puntos. Con esta cifra, Panamá se posicionó como el noveno país con el índice de riesgo más elevado en la región, superado por Brasil, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.
El EMBI refleja la prima que exigen los inversionistas a los países para adquirir su deuda, en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El listado de los países de la región con mayor riesgo sigue encabezado por Venezuela y Ecuador, mientras que Uruguay y Chile se mantienen entre los más confiables para los inversionistas.
En el caso de Panamá, las constantes amenazas del presidente Donald Trump de recuperar el control del Canal mantienen un velo de duda sobre las proyecciones de crecimiento del país en el corto plazo.
“El Gobierno está diversificando su mercado y está buscando rendimientos o tasas más favorables, más asequibles en el mercado local, en la banca comercial y en los títulos valores de deuda emitidos en el mercado interno”, comentó.
Por su parte, el también economista Luis Morán señala que es importante reducir la dependencia de los compromisos financieros externos e impulsar la reactivación de sectores rezagados, como la construcción, hoteles, restaurantes, turismo, industria y agroindustria, con el objetivo de generar nuevas plazas de empleo.
Igualmente, destaca la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para dotar al Estado de los recursos necesarios que le permitan impulsar nuevos proyectos y minimizar la necesidad de adquirir más deuda.
Para Morán, es fundamental mejorar el entorno, generar confianza en los inversionistas, reducir la burocracia y simplificar los trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de que puedan formalizarse y contribuir con el dinamismo de la economía.
“Esto va de la mano con la inversión privada. Necesitamos que la inversión privada se incremente, que el sector privado genere empleo, nuevas ofertas laborales, y que eso también esté vinculado a la inversión extranjera directa. Que nuevas empresas miren a Panamá como un destino agradable y atractivo para las inversiones. De esta manera se mejoran los ingresos tributarios, lo que ayudaría, obviamente, a reducir los niveles o la dependencia de la deuda pública”, destacó.
En el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2025-2029, publicado en Gaceta Oficial en diciembre pasado, el Gobierno proyecta que, en 2025, la deuda alcanzará los 57,441 millones de dólares (62% del PIB), y que esta cifra continuará incrementándose hasta llegar a los 65,975 millones de dólares para finales de la década.
Sin embargo, para 2029, la administración de José Raúl Mulino espera que la relación deuda/PIB disminuya al 56%, gracias a mayores ingresos tributarios y a un control más riguroso del gasto público. Al cierre del primer trimestre de 2025, el saldo de la deuda representa el 58.99% del PIB proyectado para fin de año, que se estima en 92,604 millones de dólares.
