Panamá arrastra una deuda que no deja de engordar, y esa cuenta, aunque parezca lejana, le pertenece a todos.
Según cifras oficiales de la Dirección de Crédito Público, el saldo de la deuda pública alcanzó los $57,816 millones al cierre de agosto de 2025, lo que significa que en apenas un año el país se endeudó $5,818 millones comparado con agosto de 2024, cuando el registro era de $51,998 millones.
En términos sencillos, el salto de la deuda en un año equivale a pedir prestado casi $16 millones cada día.
Estaría por verse cómo cierra este año, entiendo que hay pagos por realizar y contratación de nueva deuda, bajo otras condiciones.
Para dimensionar el peso del total de la deuda, basta con dividirla entre los poco más de 4.5 millones de habitantes: cada panameño debe hoy alrededor de $12,800, una cuenta que se paga con intereses, pero, peor aún, que reduce la capacidad de inversión del Estado.
Solo en agosto, el monto creció en $301.3 millones frente a julio, impulsado principalmente por una subasta de Letras del Tesoro por $387 millones a un plazo de 12 meses, con un rendimiento promedio de 5.36%.
El encargado de poner los números sobre la mesa es el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien acudió el jueves 25 de septiembre, casi a la medianoche, a la Asamblea Nacional para presentar el presupuesto de su cartera para 2026.
En su exposición, Chapman no presentó el dato actualizado del saldo de la deuda, un número que este medio obtuvo de la Dirección de Crédito Público.
Su intervención se centró en explicar las causas del aumento y en atribuir responsabilidades al gobierno anterior por gran parte del problema.
Recordó que entre 2019 y 2024 la deuda pública creció en $22,718 millones, un salto del 73% en apenas cinco años, que además duplicó el pago anual de intereses.
A pesar de este panorama, Chapman defendió que el actual gobierno ha empezado a ordenar las finanzas públicas. Destacó que el déficit fiscal —la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda— ha bajado del 7.4% del producto interno bruto (PIB) a un 4% estimado para este año, con la meta de reducirlo a 1.5% hacia el final de la década, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
“Estamos retornando a la planificación como base de una gestión pública ordenada y sostenible, pensando en el mediano y largo plazo”, dijo Chapman ante los diputados.
El titular del MEF también ha insistido en que no se contratará deudea nueva para pagar los intereses de la ya existente.
Pero esta buena nueva no alcanza para evitar un obstáculo que reconoce el ministro y reiteraron algunos diputados en la Comisión de Presupuesto: el peso de la deuda limita los recursos para áreas clave como educación y salud.
Para 2026, el servicio de la deuda —es decir, el dinero que el país debe destinar solo a pagar intereses y capital— superará los $8,000 millones, más del doble del presupuesto que se asignará a educación ($3,175 millones) y muy por encima de lo que recibirá salud ($1,175 millones).
Chapman fue tajante: ni siquiera los $2,800 millones de aporte que el Canal de Panamá entregará este año alcanzan para cubrir los intereses ni para financiar la totalidad de los subsidios, que suman $3,800 millones.
El ministro también resaltó algunos logros. Afirmó que, contra los pronósticos de analistas que preveían un deterioro del perfil financiero del país, Panamá logró disminuir en $395 millones el costo del servicio de la deuda gracias a una reducción de la prima de riesgo país, lo que abarata el financiamiento no solo para el Gobierno, sino también para el crédito privado.
En cuanto al presupuesto que presentó, Chapman informó que el Ministerio de Economía y Finanzas contará con $661.7 millones en 2026, de los cuales más de un tercio se destinará a subsidios. Entre ellos, el subsidio al gas licuado, que cubre el 90 % del consumo nacional, el Fondo de Estabilización Tarifaria y la cobertura de las tasas de interés preferenciales para vivienda.
Aun así, el mensaje central fue de cautela. “El presupuesto es una hipótesis que anticipa escenarios globales y locales, incluyendo factores climáticos, por lo que requiere prudencia y planificación”, advirtió el ministro, quien aseguró que la meta es mantener el saldo fiscal en 3.5 % del PIB o menos, aumentar la eficiencia en la recaudación de impuestos y reforzar la transparencia fiscal con la publicación trimestral de los balances.
El desafío, reconoció, es frenar la dependencia del endeudamiento sin sacrificar los programas sociales que millones de panameños consideran vitales.
Mientras tanto, las cifras no mienten: Panamá sigue pidiendo prestado más rápido de lo que puede pagar, y cada ciudadano, aun sin firmar ningún contrato, lleva esa factura a cuestas.
