El aumento reciente en el saldo de la deuda pública —que ubica el saldo total por encima de los $60 mil millones— responde, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a una combinación de movimientos y necesidades de financiamiento del Estado.
Entre enero y febrero de 2026, la deuda registró una variación cercana a $300.4 millones.
Este incremento, explica la entidad, no responde únicamente a nueva deuda, sino a lo que llaman una gestión activa del portafolio de pasivos.
En ese período, el Gobierno redujo en aproximadamente $200 millones el saldo de bonos globales, mediante operaciones orientadas a pagar menos intereses.
Sin embargo, de forma paralela, el país recibió un desembolso por $500 millones de dólares proveniente de un organismo multilateral, lo que terminó generando un aumento neto en el saldo total cercano a los $300 millones.
El MEF sostiene que estas operaciones forman parte de una estrategia integral que busca ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y alcanzar balances primarios positivos en el mediano plazo.
La meta, según la entidad, es desacelerar el ritmo de crecimiento de la deuda y estabilizarla hacia el final de la década.
El ministerio también reconoce que el nivel actual de endeudamiento responde, en parte, a obligaciones acumuladas en administraciones anteriores, así como a compromisos no previstos que continúan presionando las finanzas del Estado.
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— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) March 20, 2026
Cuando Martín Torrijos dejó el poder en 2009, el saldo era de $10,800 millones; al cierre del gobierno de Ricardo Martinelli (2014) ya ascendía a $17,639 millones; y con Juan Carlos Varela (2019), escaló hasta $26,612 millones.
Pero el salto más drástico se registró durante la administración de Laurentino Cortizo, que culminó con una deuda de $51,812 millones, casi el doble del monto heredado y cinco veces más que a inicios del siglo. Esa cifra corresponde a junio de 2024, cuando finalizó su mandato.
Entre 2019 y 2024 hay más de $25 mil millones adicionales como parte de la herencia de Cortizo.
El economista Ernesto Bazán advierte que el problema de fondo sigue siendo estructural.
A su juicio, el endeudamiento responde principalmente a un déficit fiscal persistente: “la deuda pública se ha venido tomando para cubrir el déficit fiscal, porque el Estado gasta más de lo que ingresa”.
El economista subraya que, lejos de una contención real del gasto en 2025, lo que hubo fue un traslado de compromisos hacia 2026, lo que —advierte— no resuelve el problema, sino que lo profundiza.
Asimismo, alerta sobre prácticas como el pago a proveedores mediante instrumentos de deuda, una medida que, si bien puede aliviar presiones de liquidez en el corto plazo, termina incrementando el endeudamiento total.
Sobre las implicaciones, Bazán plantea que el peso de la deuda recae finalmente en los ciudadanos.
Cuando un país se endeuda, la decisión no recae en los gobiernos de turno, cuyos periodos son limitados y no necesariamente coinciden con el tiempo en que esa deuda debe ser pagada.
En ese escenario, amplía, el peso de esas obligaciones podría trasladarse a los ciudadanos en el futuro, ya sea a través de mayores pagos de intereses que presionen las finanzas públicas y obliguen a ajustar el gasto en servicios como salud, educación o transporte, o mediante la posibilidad de que futuras administraciones recurran al aumento o creación de impuestos para hacerle frente a esos compromisos.
