La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que hay una auditoría en proceso para determinar la veracidad sobre la denuncia del sindicato de trabajadores del puerto de Balboa, sobre el destino de los descuentos de impuesto sobre la renta y otros que la empresa Panama Ports Company hizo a trabajadores despedidos.
Tras una protesta de representantes del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte por Vías Acuáticas y Afines de Panamá (Sitravaap), al cual están afiliados los trabajadores de PPC, ayer lunes, en la planta baja del edificio de la institución, Bruno De Thoma, secretario de defensa y Héctor Zárate, secretario general, se reunieron con el director de la DGI, Publio De Gracia.
Luego que la DGI informó que la auditoría busca “determinar la veracidad de los hechos, por lo que hay que esperar que el proceso se resuelva con la mayor claridad y transparencia posible como se da en cualquier proceso en materia tributaria”.
De Thoma y Zarate manifestaron que después de una serie de despidos en el puerto de Balboa y posterior restitución ganadas en los tribunales de trabajo, le realizaron una serie de descuentos en materia de impuestos sobre la renta, de la cual no tienen constancia que los mismos hayan ido a parar a manos del Estado.
Luego del señalamiento de los sindicalistas y de la reunión con De Gracia, la entidad informó que se les notificó que la DGI inició las investigaciones.
Igualmente, a través de un comunicado, el jefe Jurídico Tributario de la DGI, Rafael Brown, explicó que este proceso empieza en la Caja de Seguro Social, que actúa como agente retenedor de estos impuestos, quienes son los llamados a aclarar en primera instancia, si las cuotas obrero patronal y los impuestos correspondientes fueron pagados por Panamá Port a favor de los trabajadores y solo le queda a la DGI recibir las obligaciones tributarias que por ley les corresponde retener.
En cuanto a la petición de un informe que solicitan los trabajadores referentes al proceso que se lleva a cabo en la DGI, Brown aclaró que el artículo 722 del Código Fiscal impide que se le dé esta información a un particular con respecto a la situación fiscal que solo le corresponde a la empresa y a la institución recaudadora de los tributos saberlo, lo que impide la participación de un intermediario para conocer sobre el proceso.
Consultado al respecto, De Thoma dijo que desconocen el monto de dinero que se les descontó a los trabajadores, pero la protesta la hicieron como medida de presión para que se investigue, aunque el director de la DGI les dijo que la auditoría tomará varios meses para concluir.
La empresa no se ha pronunciado hasta el momento.
