La Dirección General de Ingresos (DGI) ordenará próximamente la suspensión de los derechos corporativos de alrededor de 22,500 sociedades, confirmó a este diario Gerardo Herrera, director del Departamento Jurídico-Tributario de la DGI.
Se trata de sociedades que acumulan morosidad por tres años en la tasa única, correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
La suspensión de los derechos corporativos supone, en la práctica, que la sociedad no puede hacer negocios o disponer de los activos.
La orden de la suspensión la dará la DGI a través de tres resoluciones para dar cabida a las sociedades suspendidas y se espera que esto suceda en los próximos días.
Herrera explicó que, según el Código Fiscal, las sociedades tendrán un plazo de dos años para reactivarse y si no lo hacen el siguiente paso es la disolución de la sociedad.
El proceso de reactivación, explicó el abogado, se puede hacer de manera digital, sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la DGI, a través del portal de internet e-Tax 2.0.
Para poder ponerse al día, la sociedad deberá pagar una multa, además del saldo nominal adeudado, con los intereses y recargos generados.
Además de la falta de pago del impuesto, una sociedad puede ser suspendida por no contar con agente residente durante un periodo de tres meses.
Según información del Registro Público, al 31 de marzo había 776,355 personas jurídicas inscritas, de las cuales 428,995 contaban con marginales por morosidad y 51,277 por falta de agente residente.
Uno de los objetivos de la suspensión de las sociedades es tener un mayor control sobre este tipo de vehículos, como parte de los esfuerzos por mejorar la prevención del blanqueo de capitales y de la evasión fiscal.
De igual forma, el Gobierno busca hacer más transparentes estas estructuras con la creación de un registro único de beneficiarios finales, donde tendrán que figurar las personas naturales que controlan las sociedades.
Esta herramienta es una realidad desde este año y está en su primera fase de implementación, pese a que fue aprobada por ley en marzo de 2020.
