La Dirección General de Ingresos (DGI) remitió al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) el primer informe por una presunta defraudación fiscal por encima de $300,000.
En 2019, a través de la Ley No. 70 de 31 de enero, se introdujo el delito de defraudación fiscal, que es además precedente de blanqueo de capitales. Según la norma, la evasión superior a $300,000 en un año se considera defraudación y es una violación de carácter penal.
Esto se hizo como parte de la estrategia del país para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y combatir la evasión fiscal, pero no fue suficiente para evitar la entrada de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en junio de ese mismo año y en la que todavía permanece.
La @DGIpma remitió al Tribunal Administrativo Tributario @INFOTAT2 el primer informe por presunta defraudación fiscal por encima de los B/. 300,000.00, que de acuerdo a la ley N° 70 de 31 enero de 2019, se considera un delito.#TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/ssyLdE4pdU
— DGI PANAMA (@DGIpma) October 5, 2021
El TAT tendrá 30 días para pronunciarse luego de verificar que el informe de la DGI tenga los elementos mínimos probatorios de la supuesta defraudación fiscal. “El TAT debe confirmar que la DGI haya realizado las investigaciones pertinentes y contemos con los documentos de prueba suficientes para remitir la denuncia al Ministerio Público”, explicó la jefa del Departamento de Defraudación Fiscal de la DGI, Lilia Sáez.
Si el fisco es defraudado por al menos $300,000, el caso sale de la competencia administrativa y debe ser elevado a la esfera penal para que el caso sea visto por el Ministerio Público, pero antes el informe preparado por la DGI debe recibir la valoración y aprobación por parte del TAT, explicó Sáez.
La funcionaria puntualizó que el informe puede ser desestimado por el TAT si se considera que la denuncia es frívola, temeraria, intrascendente o carente de elementos probatorios, es decir deben verificar que no se trata de una “expedición de pesca”, sino que existe el sustento legal y que se hayan garantizado todos los derechos del contribuyente, así como contar con los elementos mínimos probatorio para decir que hay un posible delito, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.
La DGI no ofreció mayores detalles sobre el caso que se está elevando al TAT.
El abogado Carlos Barsallo dijo que han pasado más de dos años desde que se aprobó la ley para que llegue el primer caso al TAT, aunque también apuntó que puede que se esté documentando desde hace tiempo, algo que es habitual.
Esta información se divulga justo después de la publicación de los Pandora Papers, tras confirmarse la presencia de Panamá en la lista negra de la Unión Europea de territorios no cooperadores en materia fiscal y a unas semanas de conocerse la nueva evaluación del GAFI.
