La Dirección General de Ingresos (DGI) emitió la resolución No.201-1160, del 26 de febrero de 2024, en la que deroga las cinco resoluciones con las que nombraba a funcionarios para investigar la defraudación fiscal, otorgándoles poderes absolutos, que iban desde portar armas hasta realizar arrestos.
La resolución, publica este jueves 29 de febrero en la Gaceta Oficial, lleva la firma del director de Ingresos, Publio De Gracia, quien después de reunirse con el Colegio Nacional de Abogados, la semana pasada, se había comprometido a dejar sin efecto las designaciones de los funcionarios de instrucción para la investigación fiscal administrativa y defraudación fiscal penal.
Los nombramientos se habían perfeccionado tras emitir las resoluciones N° 01-0472; 201-0473; 201-0474; 201-0475; y 201-0544., publicadas en la Gaceta Oficial.
De Gracia también se reunió por este tema con el defensor del Pueblo Eduardo Leblanc.
El funcionario de Ingresos reconoció que “las funciones de captura, aprehender, arrestar y portar armas habían generado ruido, pero estaban basadas en la norma hace mucho tiempo”.
Cuando hizo los nombramientos, el abogado Ernesto Cedeño presentó cinco demandas de nulidad en las que pedía la suspensión de las cinco resoluciones con las que se nombró a los funcionarios con poderes supremos, ya que a su juicio se invadían competencias. “Todo lo que es arresto y aprehensión debe ser, en mi opinión, materia del Código Procesal Penal”, dijo en su momento.
