La seguridad jurídica y el alcance del acuerdo que firmó el Órgano Ejecutivo con el sector bancario, que extendió el periodo de moratoria hasta diciembre, ha dominado durante el día de hoy, 15 de junio, el debate en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional.

En esa comisión se analizó el veto parcial que firmó el presidente Laurentino Cortizo al proyecto de ley 287, que establecía desde marzo una moratoria de 90 días en los pagos de arrendamientos y préstamos, desestimando los acuerdos existentes, en los que se pactaron medidas de alivio financiero para los consumidores.
El diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, indicó que el Ejecutivo no realizó ninguna recomendación al proyecto de ley, como ha hecho en el pasado, para sustentar su veto.
El pasado 4 de mayo, Cortizo vetó el proyecto 287 alegando, entre otras cosas, que el documento ponía en riesgo las entidades financieras del país. El mandatario consideró como “inconvenientes” los artículos 2, 3, 4 y 7, pero también señaló como inexequibles los artículos 4 y 7.
El artículo 2, por ejemplo, establece una moratoria de tres meses que empezaría a contar en marzo pasado, sobre todos los préstamos hipotecarios, personales, comerciales y a jubilados, así como tarjetas de crédito otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras.
Vásquez reafirmó su postura respecto a la conveniencia de normar la moratoria bancaria a través de lo que dictamina el proyecto de ley, ya que el acuerdo existente con el sector bancario, que estipula una moratoria hasta el mes de diciembre, no tiene "sustento jurídico" porque los bancos tienen la última palabra de otorgar el alivio financiero a los clientes.
Dicho acuerdo permite que los bancos apliquen una moratoria de los préstamos hasta el mes diciembre, siempre y cuando el cliente pueda demostrar que sus ingresos se han visto afectados por la pandemia de la Covid-19.
El diputado panameñista Luis Ernesto Carles, también criticó el alcance del acuerdo firmado con el sector bancario, ya que no aborda préstamos blandos para el sector empresarial que no tendrá los fondos para cubrir el gasto de planilla cuando se activen los bloques económicos.
Vásquez y Carles cuestionaron al viceministro de Finanzas, Jorge Almengor y al superintendente de Bancos, Amauri Castillo, sobre la transcendencia del acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Asociación Bancaria de Panamá.
Almengor y Castillo comentaron que los bancos están cumpliendo con lo pactado y pusieron como ejemplo el monto de los préstamos que han sido modificados debido a la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19) y que alcanza los 26 mil millones de dólares.
La Comisión de Economía levantará un informe en relación al veto al proyecto 287, que será enviado al pleno de la Asamblea y serán los diputados que decidirán si realizan cambios al documento o lo regresan nuevamente al Ejecutivo.
