Panamá entrará a 2026 con un ritmo económico que aún destaca en Centroamérica, pero el gran reto será traducir este comportamiento en más empleos y bienestar para los hogares.
Entre presiones fiscales, reformas cumplidas, algunas pendientes, y un debate minero que se avecina, los economistas Juan José Barrios, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Luis Navarro, socio director de Indesa Capital, delinearon en el foro Café con La Prensa los factores que definirán el rumbo económico en los próximos dos años.
Las expectativas de crecimiento rondan el 5% del producto interno bruto (PIB), dijo Navarro, aunque persisten desafíos como el déficit fiscal, el desempleo y el alza o baja de precios, que afecta de manera distinta según el tipo de bien y de servicio.
Cuando en la conversación se abrió la fase de preguntas y respuestas, Barrios dejó un mensaje poco evidente dentro del país: la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) —cuestionada en el ámbito doméstico— ha sido recibida de forma positiva por las agencias crediticias, multilaterales y bancos de inversión.
Para el BID, el mayor valor de la reforma no fue solo su contenido técnico, sino la señal de gobernanza que envió tras años de percepción de parálisis. “Los analistas externos ven que Panamá recuperó el nivel mínimo requerido de decisión política para enfrentar un problema ignorado durante décadas”, señaló.
Ese gesto se reflejó rápidamente en los mercados: el riesgo país comenzó a descender tres semanas después de su aprobación.
Pero resolver la urgencia no equivale a resolver el sistema. Navarro fue directo: la reserva del programa de los pensionados mayores estaba en cero, y la reforma se vio obligada a fusionar las reservas de los más jóvenes —fondos que eran de propiedad individual bajo la reforma de 2005— con las de los jubilados.
Aún así, alertó que la reforma en gran medida compró tiempo. Persisten huecos estructurales que no se tocaron por inviabilidad política y que tarde o temprano volverán a la mesa, probablemente en la próxima década.
Para Navarro, la verdadera responsabilidad recae ahora en la supervisión ciudadana: los panameños deben asegurarse de que las tareas técnicas de uno y cinco años sobre manejo de reservas y sostenibilidad se cumplan, o el país podría volver al punto de partida antes de 2030.
El otro gran eje del debate fue la minería. La posible reactivación de la mina de cobre —o la confirmación de su cierre— marcará la ruta económica del país en 2026 y 2027.
Navarro insistió en que no se trata de una discusión política, sino de una decisión que requiere información veraz y rigurosa. Propuso incluso traer expertos creíbles de regiones con tradición minera, como Perú, Chile, o Colorado, Estados Unidos.
“Hay que debatir intensamente, hasta que no quede saliva. Y si aun así una mayoría significativa decide que no, entonces tendremos un problema que enfrentar como país”.
En este debate también se planteó la idea de que del cierre prolongado puede generar un riesgo ambiental que Panamá no está atendiendo. Sin un manejo adecuado de aguas, estabilidad de suelos y restauración, el país podría terminar provocando la misma catástrofe ambiental que teme.
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En materia de crecimiento, Barrios fue claro: Panamá sigue expandiéndose por encima del promedio de la región, pero su estructura productiva es estrecha.
Dos tercios del crecimiento provienen, principalmente, de solo tres sectores. Esa concentración explica por qué el PIB avanza, pero el empleo formal no se acelera.
Tres actividades intensivas en mano de obra siguen por debajo de sus niveles prepandemia, lo que alimenta la sensación de estancamiento entre los consumidores.
A esto se suma el comportamiento de las finanzas públicas. Panamá recauda el 8.4% del PIB, menos de la mitad del promedio latinoamericano (18%), mientras el gasto continúa elevado.
Aunque las recientes señales de disciplina fiscal permitieron mantener el grado de inversión, Barrios dijo que “todavía falta enviar más señales”.
Reducir el déficit, fortalecer el anclaje fiscal y revisar rigideces como los aumentos automáticos de salarios o los regímenes especiales.
Navarro agregó que Panamá arrastra frenos internos que se impone a sí misma. Uno de los más dañinos es el atraso en los pagos del Estado a proveedores locales, mientras mantiene impecables sus compromisos externos para defender el grado de inversión. Esa práctica erosiona la liquidez empresarial justo cuando el país necesita inversión y empleo.
Además, el sistema tributario sigue siendo tan complejo que parte del sector productivo prefiere mantenerse en la informalidad o postergar inversiones. “Hay que simplificar. Un sistema que parte de la premisa de que el contribuyente está haciendo trampa espanta al inversionista serio”, afirmó.
El escenario para 2026 dependerá, en buena medida, de cómo Panamá resuelva sus debates pendientes. Si la mina se reactiva o no, y si las señales fiscales son claras.
Navarro proyecta un año mejor que 2025, con un impulso que podría extenderse hasta 2027 gracias a los vientos externos favorables y a la ejecución de grandes proyectos, especialmente los vinculados al Canal de Panamá, cuyo portafolio supera los $8 mil millones.
Barrios cerró con una advertencia y un llamado: Panamá debe seguir fortaleciendo su nodo logístico, el pilar del llamado “milagro económico”.
Pero ese crecimiento debe volverse más inclusivo para evitar resistencias sociales que frenen la reforma continua.
Navarro coincidió y dejó un mensaje casi simbólico: Panamá tiene la oportunidad de verse a sí misma como el “jaguar istmeño”, capaz de volver a liderar la región si ordena sus cuentas, decide con estrategia y deja de postergar las decisiones que más le duelen.
