El actual gobierno está registrando algunos gastos indebidamente en el renglón de inversiones. Tal es el caso de subsidios que empezaron a darse en medio de la pandemia como los bonos del programa ‘Panamá Solidario’, como reveló -con preocupación- a La Prensa el analista regional para Fitch Ratings, Todd Martínez, la semana pasada.
“En Panamá pasa algo algo curioso, que es que están contabilizando algunos gastos corrientes como gastos de inversión, me refiero a 120 a los 65, el vale digital. El gasto de inversión ha bajado y además se están registrando algunas cosas que no son gastos de inversión, sino gastos. Eso es un desafío que deja al gobierno con opciones más difíciles para lograr una consolidación fiscal”, fueron las palabras del analista.
Esto está siendo observado por la calificadora muy de cerca, ya que el subregistro de gastos o el sobrerregistro de inversiones puede comprometer la senda de la consolidación fiscal a la que aspira el gobierno en el ocaso de su quinquenio.
Cabe recordar que la administración Cortizo modificó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF) para alcanzar picos bastante agresivos de deuda en momentos en que cayeron paralelamente los ingresos en el contexto de la pandemia. Este marco legal al que los gobiernos se someten pone topes anuales al déficit en que pueden incurrir, es decir, Por ejemplo, si la ley establece un tope del 2%, ese es el porcentaje que pueden excederse en gastos versus el ingreso.
Al modificar la Ley de RSF, la administración de Cortizo elevó el tope del déficit al 10.5% para el 2020, en el pico de la pandemia. En 2021, el tope bajó a 7.5%, luego a 4% en 2022 y 3% en 2023. Y si el próximo gobierno no modifica también la ley de RSF, el próximo año el déficit no debería superar el 2%, y de ahí en adelante el 1.5% anual.
Sobre el tema, el economista Francisco Bustamante explicó que, en efecto, algunos subsidios que da el gobierno se registran como gasto de inversión social.
Incluso cree que algunas becas se registran como “formación de capital humano”. Esto -la formación de recursos humanos- es una inversión necesaria, pero lo usual es que aparezca como gasto corriente, dijo el economista, “ya que es un gasto permanente y no una inversión con inicio y fin”.
Agregó que poner gastos corrientes como inversión “permite reflejar la existencia de un superávit corriente, el cual es vital para establecer la capacidad de pago de deuda, que es lo que le permite al gobierno contar con recursos para abonar a sus deudas. Desde este punto de vista, efectivamente podría distorsionar la real capacidad de pago de deuda del gobierno”.
En otras palabras, si el Gobierno subregistra gastos o los contabiliza como una “inversión”, muestra virtualmente una mayor solidez que a su vez le permite endeudarse más. La distorsión redundaría en que un gasto, aunque sea necesario y social, no produce los efectos que produce una inversión en pos de la adquisición de deuda.
La advertencia de Fitch debe “ser tomada muy en serio” en opinión del economista y docente Luis Morán, quien suma este hecho a la crítica que han hecho en ocasiones anteriores él y otros sectores sobre la priorización de gastos corrientes en detrimento de la inversión. “Estos subsidios, que han pasado a ser permanentes, le están restando capacidad al Estado, para invertir y están aumentando la presión a las finanzas del Estado”, dijo.
¿Podría esto comprometer el grado de inversión de Panamá? El economista Luis Morán advierte que además de dar una visión ilusa e ineficiente de la economía panameña, esta situación empeora la reputación económica, pone en riesgo la visión de las calificadoras y puede cambiar las condiciones, ventajas u oportunidades de financiamiento que ha logrado el país.
