El Consejo de Gabinete aprobó este martes 16 de junio presentar una iniciativa ante la Asamblea Nacional para modificar la ley que regula el servicio público de electricidad, que incluye, entre otros aspectos, los reclamos de los consumidores, multas a las empresas concesionarias, supervisión y licitación de la distribución en 2028.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que la propuesta introduce modificaciones a la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, con la finalidad de fortalecer el marco regulatorio actual y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico a los consumidores.
Se indica que las modificaciones incluyen plazos definidos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras y herramientas regulatorias que permitirán una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.
Además, se resalta que las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado.
“La iniciativa también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028 y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones”, informó ayer la Presidencia.
Cabe recordar que en 2028 vence el contrato por 15 años del Estado con las empresas distribuidoras Naturgy (Edemet y Edechi) y ENSA, razón por la cual previamente se debe convocar a una licitación.
Otro aspecto que incluye la iniciativa del Ejecutivo es sumar la participación de las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural (OER), para llevar el servicio de energía eléctrica a las comunidades de más difícil y costoso acceso.
