Luego de cuatro meses de encuentros y debate entre representantes del sector empresarial, trabajadores y funcionarios, no se logró un consenso para determinar el nuevo salario mínimo que empezará a regir desde el 1 de enero de 2020.
La decisión queda en manos del Ejecutivo, tal como ocurrió en la última revisión hace dos años.
Mientras se define si se dará el alza salarial generalizada, de cuánto sería el alza, o si se congela el incremento, las partes involucradas fijan sus posiciones.
El Sindicato de Industriales de Panamá(SIP) dijo la mañana de este miércoles 11 de diciembre que ve con mucha preocupación la falta de acuerdo entre las partes y reconoce la urgente necesidad, que hay en el país de posponer cualquier ajuste al salario mínimo que agrave aún más la situación económica actual.
"Como gremio responsable, creemos prudente que dirijamos nuestros esfuerzos hacia la reconstrucción de la economía. Solamente podremos lograr crecimiento y bienestar, si podemos dejar de lado nuestros intereses y ponemos primero los de Panamá”, señaló el SIP en un comunicado.
Por su parte, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), lamentó que las 12 propuestas presentadas por la organización sindical en la mesa de negociaciones fueran rechazadas por los empresarios.
“Para que una familia integrada por cuatro personas pueda cubrir las necesidades básicas de su hogar (alimentación, salud, educación y servicios) necesita más de $1,300 al mes”, dijo un portavoz del Conato.
En tanto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), señala que seguirá al pie de la letra lo que establece el Código de Trabajo.
“Luego del período de consultas, exposiciones y negociaciones, el Ejecutivo analizará la situación y emitirá el nuevo decreto de salario mínimo que empezará a regir desde el 1 de enero de 2020” respondió un portavoz del Ministerio.
El último ajuste del salario mínimo en Panamá se llevó a cabo en diciembre de 2017. Para ese momento se anunció un incremento de 6.5% en el salario mínimo para las grandes empresas y de 4.5% en las pequeñas.
La decisión la adoptó la administración de Juan Carlos Varela, luego de que los trabajadores y empresarios negociaran por más de seis meses sin llegar a acuerdo antes de que venciera la fecha límite para llegar a un consenso.
