El hartazgo hacia un controvertido contrato minero emerge como la cereza en la cima del pastel.
Hasta ayer, los panameños habían permanecido en las calles por ocho días consecutivos, reclamando la derogación del contrato entre Minera Panamá y el Estado, a razón de los daños ambientales que pronostican los ambientalistas, la poca efectividad de inspección de acuerdo con el alcance del proyecto, la falta de un verdadero debate ciudadano y la aprobación exprés por parte de la Asamblea Nacional y sanción del Ejecutivo.
El reclamo, entre cierre de calles, protestas y marchas -que han sumado a cerca de 50 mil personas diarias- arrastra el descontento ciudadano por múltiples factores socioeconómicos, mientras que el Gobierno abandera la promesa que la extracción de cobre resolverá parte de los problemas. ¿Cuál es el Panamá que reclama hoy en las calles?
La complejidad de los desafíos que Panamá pasa por una economía en crecimiento con altas tasas de desempleo, una enorme deuda pública, falta de política de ahorro efectiva, la peor crisis del sistema público de pensiones y la dependencia de prácticas insostenibles. Veamos el sustento de ello.
Deuda sin freno
El gobierno de Laurentino Cortizo heredó un país con un saldo de deuda de $26,612 millones a julio de 2019, cuando tomó posesión. En los primeros seis meses elevó el monto a $31,018. Y tras cuatro años de mandato, la deuda se ubica en $45,796.2 millones, al cierre de septiembre de 2023.
Esto representa un adicional de $19,184 millones adquiridos bajo el mandato de Cortizo. El más alto de la historia, según los registros de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuando en 2020 la economía resultó azotada por el cierre decretado por el Gobierno, la administración de Cortizo encontró una justificación para valerse de más deuda para el funcionamiento del Estado. Sin actividad económica, pocos eran los ingresos que podían obtener.
Se suponía que esa deuda encontraría un balance con la reducción de gastos que nunca resultó efectivo.
Nunca es suficiente
Durante el año 2022, los ingresos ascendieron a $13,273.2 millones, experimentando un incremento del 13.8% en comparación con el año anterior.
En contraste, los gastos alcanzaron la cifra de $16,278.7 millones, mostrando un incremento del 1.7%, equivalente a $272.7 millones.
Pero el aumento en los ingresos resultó insuficiente para contrarrestar el gasto público. Así, el año pasado cerró con un déficit fiscal de $3,005 millones en el sector público no financiero.
Con este monto se podría financiar aproximadamente el 88% del proyecto de construcción de la tercera línea del metro, incluyendo el tramo subterráneo necesario para atravesar el Canal de Panamá.
Este año, hasta septiembre de 2023, los ingresos corrientes acumulados totalizaron $5,530 millones. Esto representa un déficit de $116.9 millones comparado con el presupuesto, aunque en referencia con el año anterior muestra un aumento de $563.2 millones, de acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI).
La razón por la que los ingresos corrientes están mejor que el año 2022 es por el pago que hizo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a raíz de la compra extraordinaria de tierras al Estado.
De forma rápida el dinero se utilizó para hacer frente a pagos pendientes y diversas obligaciones, que incluyen desde subsidios de combustible hasta programas de asistencia social como el vale digital.
Pero al no ser una fuente constante de financiamiento, este tipo de ingresos no estarán siempre disponibles para financiar los gastos y mantener bajo control el déficit fiscal, tal como lo indica la ley.
Ayer, la cuenta de X del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) publicó un arte en el que se advierte que de realizarse un arbitraje internacional, Minera Panamá tendría “grandes posibilidades de ganar” y que el Estado tendría que suspender los subsidios como la beca universal, el Vale Digital, la subvención a la tarifa eléctrico o al MetroBus.
La entidad, sin embargo, no hace mención a los gastos que debía haber reducido el Estado durante los últimos años, con o sin contrato minero.
Como bien apuntó el economista Ernesto Bazán desde el año 2021: “Lo primero que tiene que hacer una administración seria y responsable es reducir los gastos”, al referirse a la historia de déficit del país y el incumplimiento a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Planilla, el gasto político
Cortizo empezó su gestión, en julio de 2019, con la planilla del sector público compuesta por 238,248 mil personas. Esto significa que en cuatro años de gestión se han agregado 17,776 funcionarios.
De enero a julio de este año se han desembolsado $2,871 millones en salarios a 256,024 funcionarios.
El pago en salarios equivale a construir dos ciudades de la salud, tres terminales de pasajeros como la ampliación de Tocumen o más de cuatro centros de atención de salud como el Hospital del Niño.
En el último año es notable la composición de los contratos en aumento. Un informe de la Contraloría General de la República revela un incremento de 2,376 funcionarios permanentes, al tiempo que se registra una disminución de 1,760 funcionarios eventuales.
Estos cambios, particularmente en medio de un período electoral, son interpretados por expertos como una estrategia de aseguramiento de empleos para afiliados políticos.
La tendencia reflejaría en gran medida una táctica deliberada para salvaguardar las plazas de trabajo en favor de simpatizantes políticos afiliados al mismo partido.
Debacle del sistema de pensiones
Cortizo, quien tomó las riendas del país con un sistema público de pensiones en crisis, dejará su mandato sin haber asumido ningún cambio que realmente resuelva el problema. Las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido llegaron a su fin.
El presidente se dirigió al país hace una semana para anunciar los beneficios que dejarán los ingresos mineros a los jubilados y el sistema de pensiones.
Reveló el aumento a los jubilados que ganan menos de $350 al mes a partir del 20 de noviembre, además de destinar $190 millones anuales por los próximos 20 años para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
“Este nuevo aporte permitirá a la CSS y al país realizar un diálogo amplio, sin presiones, que nos lleve a encontrar soluciones a largo plazo para la sostenibilidad del programa IVM”, aseguró.
Con tal aseveración Cortizo parece haber minimizado el tamaño de la crisis, sus consecuencias y el tiempo en contra para encontrar una salida.
El aporte económico que dejará la minería es una huella sin mayor trascendencia cuando se considera la cantidad de jubilados que hay en el sistema, las limitadas reservas del subsistema definido de IVM y los pagos anuales que se hacen.
Al año, la CSS desembolsa aproximadamente $2,000 millones en el pago a los jubilados y pensionados, cifra que va creciendo a medida que la población que forma parte de este programa envejece y llega a la edad de su retiro laboral.
De acuerdo con la última información financiera compartida por la administración de la CSS a su junta directiva durante este año, el subsistema de beneficio definido IVM tuvo costos y gastos por $2,032 millones en 2021, mientras que sus ingresos corrientes de ese año apenas llegaron a $1,314 millones, más otros $100 millones por gestión financiera.
Es por ello, que poco a poco las reservas o ahorros del programa se han ido utilizando para financiar las pensiones.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) validó que las reservas se acabarán en 2024, es decir, cuando se estrene el nuevo gobierno.
Empleo y crecimiento
Panamá será el país centroamericano con mayor crecimiento económico al finalizar el año. El Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía local, de un 5% a un 6%, de acuerdo con el informe Perspectivas Económicas: Las Américas de octubre de 2023.
En el caso de Panamá, el Banco Mundial emitió una advertencia desde el año 2012, señalando que la finalización de los trabajos de expansión del Canal eliminaría un estímulo crucial para la economía, lo que a su vez crearía presiones para una reasignación rápida de la fuerza laboral a lo largo de una década.
Pasados los años, esa reconversión no sucedió, lo que unido a la pandemia por la covid-19 dejó severamente golpeados a empresas y trabajadores, pronunciando el desempleo y la informalidad.
Entre enero y julio de 2023, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó un promedio de 23,153 nuevos contratos laborales mensuales, en contraste con los 33,751 que procesó la entidad para el mismo período del 2019.
Fueron 162,070 contratos entre enero y julio de 2023, en comparación de los 236,260 en el mismo periodo del 2019. Una baja de 31.41%. que dejó, entre otras cosas, la pandemia y el encierro impuesto por el Estado.
El consultor René Quevedo lo resume así: De cada 100 nuevos empleos que hoy genera la economía, 60 son informales, 10 son funcionarios, y de los otros 30, 23 son temporales (contrato definido o por obra terminada). De esos 100 trabajadores, sólo 7 pueden decir que tienen un “empleo estable”.
Los que están en mayor desventaja en el terreno laboral son los jóvenes, los mismos que se han apoderado del movimiento social en las principales calles del país contra el contrato minero.
