Panamá enfrenta uno de los retos más delicados de su trayectoria económica reciente: sostener el crecimiento en medio de una presión fiscal creciente, donde el pago de intereses de la deuda se ha convertido en una de las principales alertas para la estabilidad del país.
Así lo evidencian los análisis presentados por Juan Barrios, economista país del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quienes coincidieron, durante un foro organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), en que, aunque Panamá mantiene fundamentos sólidos y perspectivas positivas, existen señales claras de tensión que no pueden ignorarse.
Barrios fue directo en identificar el principal foco de preocupación: el peso que han adquirido los intereses de la deuda sobre los ingresos del Estado.
Aunque destacó que en los últimos 20 meses se ha logrado una mejora en la percepción de riesgo, advirtió que esta variable sigue en niveles elevados y representa una presión constante sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde los ingresos tributarios han caído de alrededor de 22.6% del PIB a cerca de 17% en el último año.
El problema no es solo el tamaño de la deuda, sino su costo. Cuando una mayor proporción de los ingresos del Estado se destina al pago de intereses, se reduce el espacio para inversión pública, programas sociales y políticas de crecimiento.
En términos simples, el país comienza a trabajar más para pagar el pasado que para construir el futuro.
Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el Estado panameño destinó aproximadamente $3,019.1 millones únicamente al pago de intereses de la deuda pública, una cifra que evidencia la magnitud del costo financiero que enfrenta el país.
La mayor parte de estos intereses proviene de emisiones de bonos que superan los 33 mil millones de dólares. En promedio, Panamá está pagando alrededor de $232.2 millones mensuales solo en intereses, lo que refleja una presión constante sobre las finanzas públicas.
Este nivel de compromisos limita el margen fiscal del Estado, ya que una proporción significativa de los ingresos se destina al servicio de la deuda, reduciendo la capacidad de inversión y obligando a mantener una gestión más estricta del gasto público.
Para dimensionar el peso de los intereses de la deuda, el monto pagado entre febrero de 2025 y febrero de 2026 supera los $2,965 millones que el Canal de Panamá transfirió al Estado el año pasado y roza los $3,193 millones que se proyectan para este año.
Este punto conecta directamente con otra debilidad estructural señalada por el economista del BID: la caída en los ingresos fiscales frente a un gasto que se ha mantenido relativamente estable.
Mientras el gasto público ha pasado de aproximadamente 23% del PIB a cerca de 21%, los ingresos han mostrado una reducción más marcada, ampliando la brecha fiscal.
A pesar de este panorama, Barrios planteó un escenario base relativamente positivo. Según su análisis, la deuda comenzaría a estabilizarse y a reducirse a partir de 2027, siempre que se mantenga la disciplina fiscal y no se produzcan choques externos severos.
Sin embargo, dejó claro que este escenario depende de variables altamente sensibles, como el crecimiento económico y la evolución de los ingresos tributarios.
Deuda al alza
En paralelo, el ministro Felipe Chapman defendió la estrategia del Gobierno y reconoció que el tema de la deuda es uno de los más visibles, pero también uno de los más simplificados en el debate público, donde con frecuencia se reduce a su tamaño, sin considerar su costo ni sus implicaciones económicas.
Señaló que el país superó en febrero los $60 mil millones en deuda. No obstante, indicó que este aumento está en línea con lo previsto en el plan fiscal y no responde a decisiones improvisadas.
Chapman insistió en que reducir la deuda de forma abrupta implicaría recortes drásticos en inversión y gasto público, con efectos inmediatos sobre el empleo y la actividad económica. En cambio, defendió un ajuste progresivo, basado en desacelerar el crecimiento del endeudamiento y reducir gradualmente el déficit fiscal.
Ese enfoque, aunque más lento, busca evitar un choque económico interno, según el ministro, quien señaló que el país debe encontrar un equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento del crecimiento, evitando medidas que, aunque efectivas en el papel, podrían resultar socialmente costosas.
El funcionario estacó que, como parte de la estrategia financiera, Panamá logró colocar una emisión de deuda por poco más de $2,500 millones, con una demanda que superó los $13,000 millones, lo que refleja el interés de los inversionistas internacionales y la confianza en el país.
La transacción a la que hizo referencia Chapman permitió a Panamá reducir en alrededor de $204 millones el saldo neto de la deuda pública y bajar en unos $30 millones el gasto anual por intereses.
Más allá del frente fiscal, ambos análisis coinciden en un punto clave: el modelo de crecimiento de Panamá muestra señales de agotamiento. Durante décadas, el país creció impulsado por fuertes inversiones de capital, pero ese motor comienza a perder fuerza, mientras la productividad se mantiene estancada.
A esto se suma una alta concentración sectorial. El economista del BID señala que aproximadamente dos tercios del crecimiento económico provienen de sectores tradicionales como comercio, transporte y consumo, lo que expone al país a choques externos y limita su capacidad de diversificación.
Chapman, por su parte, insistió en que el crecimiento sigue siendo la única vía sostenible para mejorar la calidad de vida. Recordó que más del 90% del producto interno bruto depende del sector privado, por lo que el rol del Estado debe centrarse en generar confianza, enviar señales claras al mercado y mantener la estabilidad macroeconómica.
No obstante, el crecimiento por sí solo no está resolviendo todos los problemas. Barrios advirtió que Panamá sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y que, aunque ha logrado reducir la pobreza en términos generales, en los últimos años se ha registrado un leve repunte, con una intensidad de pobreza más alta que en otros países comparables.
Mercado laboral
El mercado laboral también refleja esta complejidad. Aunque el desempleo ha aumentado, se ha alcanzado un nivel cercano a 2 millones de personas ocupadas, impulsado en parte por una mayor participación laboral, especialmente femenina.
La Encuesta de Mercado Laboral realizada por la Contraloría General correspondiente a 2025, evidenció que el desempleo golpea con mayor fuerza a las mujeres, con 127,488 mujeres desocupadas frente a 99,814 hombres, lo que elevó la tasa femenina a 13.2% en 2025.
A esto se suma su alta participación en empleos informales, un segmento que agrupa a 784,990 trabajadores y donde muchas mujeres se concentran en actividades precarias, sin acceso a seguridad social, lo que profundiza la brecha laboral y limita su estabilidad económica.
Panamá cerró septiembre de 2025 con una tasa de desempleo de 10.4%, equivalente a unas 227,302 personas sin trabajo, lo que representa un aumento frente al 9.7% registrado en 2024.
En paralelo, la informalidad laboral se ubicó en 47.1% de la población ocupada, lo que confirma que casi la mitad de los trabajadores se mantiene fuera del sistema formal.
Estas cifras reflejan un mercado laboral que continúa generando empleo —con cerca de 1.97 millones de ocupados—, pero que enfrenta dificultades para absorber el crecimiento de la fuerza laboral y, sobre todo, para traducir la recuperación económica en empleos formales y sostenibles.
El economista país del BID, explicó que el repunte en la tasa de desempleo observado en 2025 no necesariamente refleja un deterioro del mercado laboral, sino una transformación en su dinámica.
Indicó que el aumento responde a que más personas, especialmente mujeres, han regresado a buscar trabajo, lo que estadísticamente incrementa el desempleo al pasar de la categoría de inactivos a desempleados.
Este fenómeno, aunque eleva la tasa, también evidencia una mayor participación económica y plantea la necesidad de acompañar este proceso con políticas que impulsen la creación de empleo formal, el desarrollo de habilidades y la inclusión productiva en sectores con mayor potencial de crecimiento.
Chapman, sostuvo que la lectura del mercado laboral no puede hacerse de forma aislada a partir del aumento en la tasa de desempleo, ya que este comportamiento responde, en parte, a una mayor participación laboral.
Señaló que el país ha alcanzado un nivel cercano a 2 millones de personas ocupadas, lo que constituye un récord, pero al mismo tiempo ha crecido la población económicamente activa, es decir, más personas están buscando empleo, lo que eleva el indicador de desempleo por un efecto aritmético.
Destacó además que el empleo femenino está creciendo a un ritmo más acelerado y que más del 85% de la ocupación se genera en el sector privado, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las condiciones para la inversión y la generación de empleo formal.
A nivel externo, la percepción sobre Panamá ha mejorado. Barrios destacó que reformas estructurales, como la del sistema de pensiones, han sido bien recibidas por los mercados internacionales y han contribuido a reducir las primas de riesgo, fortaleciendo la credibilidad fiscal del país.
Sin embargo, las agencias calificadoras y los bancos de inversión continúan observando con cautela. La sostenibilidad fiscal, la implementación de reformas y la capacidad política para ejecutarlas siguen siendo factores determinantes en la evaluación del país.
En este contexto, el entorno internacional añade una capa adicional de incertidumbre. El conflicto en el Medio Oriente y posibles disrupciones en los mercados energéticos podrían impactar tanto los costos como el crecimiento global, afectando indirectamente a Panamá.
