El gobierno de Laurentino Cortizo heredó un país con un saldo de deuda de $26,612 millones a julio de 2019, cuando tomó posesión. En los primeros seis meses elevó el monto a $31,018. Pero tras cuatro años de mandato, la deuda se cifra en $46,562 millones, esto es un adicional de $19,950 millones adquiridos en tan solo cuatro años de gobierno.
Dicho de otra forma, el actual Gobierno sumó un 75% a la deuda total que tenía el país en 2019, y lo hizo en tan solo cuatro años; un ritmo frenético de endeudamiento público nunca antes experimentado en el país.
La mayoría de esta deuda se emitió en bonos para balancear los presupuestos anuales, que se han concentrado en gastos de funcionamiento, planilla y pago de deuda en los últimos años.
Durante la pandemia y bajo el argumento de la “política anticíclica”, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, consideró la deuda como la solución primordial, pero parece que el Gobierno ha continuado aplicando esta estrategia mucho después de que la crisis provocada por el cierre de la economía para combatir el covid-19.
Mucho de este gasto ha ido dirigido a gastos de funcionamiento del gobierno central, lo que hace aún más insostenible este frenesí de deuda según varios economistas, ya que endeudarse para gastar va creando una especie de hueco fiscal que es muy difícil de llenar a medida que se agranda.
Así, en los albores de la administración Cortizo, su Gobierno aumentó la deuda en pleno año pandémico de 2020 a $36,959 millones. Un año más tarde, disparó esa cifra a $40,487 millones y en 2022 cerró con $44,274 millones.
En perspectiva, este endeudamiento subió de 40% en proporción al PIB de 2019 a más del 60% del PIB en 2020, en medio de una crisis sanitaria y paralelamente a una caída estrepitosa de la economía.
De allí, la proporción de la deuda bajó levemente al 57% en relación al PIB del 2021 y al 54.89% en relación al de 2022, según cifras de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El costo de la deuda también se incrementó, este es el monto pagado en intereses y comisiones. En 2023 el costo promedio de la deuda estaba en 4.94%. Este es el nivel más alto desde 2014, cuando estuvo en 5.13%.
Recientemente la calificadora Fitch Ratings redujo la perspectiva del grado de inversión, bajándola de estable a negativa. Entre las razones listadas para ellos estaban las “maniobras contables” que ha realizado el gobierno de Cortizo, como el hecho de diferir el pago de $364 millones en intereses de la deuda correspondientes al año 2022, para pagarlos entre 2024 y 2026, además del mal registro de los gastos como inversión, algo que de acuerdo a analistas de la misma calificadora, merma la confianza en el manejo fiscal del país.
Fitch destacó en su análisis de la semana pasada el cumplimiento del déficit de 3.9% que reportó el Gobierno para 2022 se logró a partir de esas “maniobras contables”, un “swap de flujo de efectivo” con un banco comercial, que en opinión de la calificadora no es más que otro préstamo, sumado a la anticipación de los ingresos del próximo año.
Además, la calificadora subrayó la modificación de la ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF) en repetidas ocasiones para permitir déficit más elevados, para lo que urgen “mejorar la credibilidad de la fortaleza del marco fiscal”, entre otras cosas como atender el déficit del programa de pensiones.
Con base en este escenario, la agencia anticipó que la deuda aumentará gradualmente por el déficit y las necesidades de endeudamiento, que seguirán siendo “relativamente altas”.
Desde 2002, la ley de RSF se ha modificado al menos 11 veces, una práctica de la que han echado mano todos los gobiernos para ajustar el déficit y la deuda. En este gobierno se modificó dos veces (en 2019 y en 2020).
En el análisis del exdirector de Ingresos, Publio Cortés, quien aclara que sin hacer juicios de valor sobre la conveniencia o no de dichos cambios, la constancia de estas modificaciones –en promedio cada 2.1 año- imprimen cierta laxitud en el concepto de regla per se. “Es como ir moviendo la cerca para no pasarla”.
Lo ideal, de acuerdo a Cortés sería que “esa regla fuera producto de un acuerdo nacional y también con los actores financieros internacionales con los cuales la República interactúa, tales como las multilaterales y las calificadoras de riesgo. Lo ideal también sería que la regla se mantuviera estable para que pudiera jugar su papel de control”.
Cortés concluye que la visión de conjunto es muy importante, porque “no parece muy estable el manejo de la deuda de un país que cambia tanto su regla fiscal”.
De acuerdo al economista Felipe Argote, la deuda -aunque no es el único factor- sí afecta las expectativas económicas del país en 2023 “ya que su aumento acelerado reduce la capacidad de inversión”, pero, “contrario a lo que se podría inferir, la relación deuda/PIB baja en lugar de subir, porque aunque la economía no se ha recuperado de la caída histórica y aparatosa de casi 18% en 2020, la recuperación ha sido más rápida que el aumento de la deuda”, escribió Argote en su análisis “Condicionantes de la expectativa económica 2023″.
