El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició el proceso de disolución de sociedades anónimas suspendidas, como parte de las acciones orientadas a continuar con la salida de listas de blanqueo de capitales.
La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, informó que el proceso incluye la habilitación de un acceso directo, a través del sitio web del Registro Público, a la lista de sociedades que serán objeto de disolución, así como los avances en la actualización del marco normativo. Explicó que esta depuración busca mejorar la calidad de la información corporativa y evitar el uso indebido de estructuras jurídicas.
Según detalló, la lista actualmente publicada representa el 62% del total de personas jurídicas que serán disueltas y podrá ser consultada en el portal del Registro Público. El proceso iniciará el próximo 27 de febrero de 2026.
Aquellas sociedades que no aparezcan en el listado deberán verificar su estatus en el Registro Público o revisar las resoluciones emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI) en abril y mayo de 2016, ya que cualquier suspensión las hace candidatas a la disolución.
El procedimiento se desarrollará en dos etapas. La primera incluye a las personas jurídicas con un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de 20 años, antes y después de 2016, conforme al artículo 318-A del Código Fiscal.
La segunda abarcará a las sociedades con estatus suspendido en el Registro Público, de acuerdo con las modificaciones introducidas por las leyes 52 de 2016 y 254 de 2021.
En el marco de la primera etapa, se ejecutarán resoluciones administrativas emitidas por la DGI en 2016, que ordenaron la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas. El proceso comenzará con un primer bloque de 180,883 sociedades y continuará de manera escalonada y controlada.
Para coordinar la ejecución, el MEF conformó una Mesa de Trabajo Interinstitucional junto al Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros, con el objetivo de homologar y validar bases de datos. Sáiz destacó que este trabajo conjunto garantiza información confiable para el desarrollo del proceso.
Como parte de los esfuerzos para reforzar la transparencia, la viceministra también anunció que el Gobierno avanza en una modificación puntual a la Ley 32 de 1927, limitada a la prohibición expresa de la emisión de acciones al portador, en línea con las actualizaciones de la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aseguró que la medida no implica un cambio disruptivo para el sector privado, sino la formalización de una práctica que ya no se aplica en el país.
Finalmente, las autoridades reiteraron que estas acciones están alineadas con los estándares del Foro Global de la OCDE y con la hoja de ruta para la salida de Panamá de listados internacionales.
